Juntos por el Cambio, el partido que gobernó en la legislatura previa a la Administración del actual presidente, Alberto Fernández, y que lidera el expresidente Mauricio Macri, ha considerado que las críticas de Fernández de Kirchner "tienen una gravedad institucional inusitada, pues suponen el más grave ataque a la independencia de la Justicia ocurrido desde la recuperación democrática hasta el presente".

Asimismo, han asegurado que la carta emitida la semana pasada por la vicepresidenta es "un intento de cambio del sistema de división de poderes", que además cuenta con el "aval" del presidente, tal y como recogen las declaraciones publicadas en 'La Nación'.

Según la oposición, el jefe de Estado "no puede, por su alta investidura y representación, tolerar ni consentir un menoscabo institucional de esta naturaleza", mientras que le corresponde "defender las reglas básicas de nuestra República, es intolerable un ataque a la Justicia y al Tribunal Supremo como el que se ha efectuado".

Por su parte, los diputados de la Coalición Cívica-ARI, liderados por Elisa Carrió, han comunicado que este jueves presentarán ante la Cámara de Diputados un juicio política contra Fernández de Kirchner, a quien han acusado del "avasallamiento a las instituciones argentinas", por "mal desempeño" y la "comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones".

Reclaman que la vicepresidenta debería ser destituida por "interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático".

No obstante, las probabilidades de que esta petición avancen en la Cámara Baja son débiles, ya que el partido de la vicepresidenta, Frente de Todos, cuenta con la mayoría.

Las reacciones de la oposición se refieren a una carta publicada por la vicepresidenta la semana pasada en la que critica el "lawfare", un término empleado para designar un mecanismo de persecución de opositores políticos, que Fernández de Kirchner calificó como "articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores" que tomó cuerpo durante la presidencia de Macri.

En este sentido, el documento criticaba que "se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su Gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos".

Para Juntos por el Cambio "está claro el objetivo: la búsqueda de la impunidad a través del intento de que la Justicia transforme los casos de corrupción en la teoría inventada del 'lawfare' que transforma los hechos de corrupción en persecución política".

Fernández de Kirchner también criticó los actuales integrantes del máximo tribunal del país y su llegada al cargo