Lawlor ha hecho referencia en un comunicado a la llamada "represión 709", que comenzó el 9 de julio de 2015 en el país asiático y, desde entonces, "la profesión de abogado de Derechos Humanos ha sido efectivamente criminalizada en China" bajo pretextos de preocupaciones por la seguridad nacional.

La experta ha hecho referencia en su escrito a la reciente detención y desaparición forzosa del defensor de los Derechos Humanos y abogado Chang Weiping como ejemplo de los esfuerzos del Gobierno chino por silenciar a aquellos que hablan abiertamente sobre el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en el país.

Chang desapareció forzosamente durante diez días en enero de 2020 en la ciudad de Baoji por sospecha de "subversión del poder del Estado", y su licencia de abogado fue revocada. Este octubre, el defensor publicó un vídeo en el que explicaba la tortura y los malos tratos que presuntamente habría recibido durante su detención.

Unos días más tarde de la publicación del material audiovisual, Chang fue detenido por agentes de seguridad y colocado de nuevo en "vigilancia residencial en un lugar designado" (RSDL, por sus siglas en inglés), donde ya fue retenido en enero.

Desde entonces, permanece en paradero desconocido y ni se han presentado cargos contra él ni sus abogados han podido ponerse en contacto con Chang, mientras que Lawlor ha denunciado que los abogados contratados por la familia del defensor en un primer momento acabaron renunciado a su función por presiones del Gobierno.

"En una preocupante muestra de desprecio por los Derechos Humanos, las autoridades han vuelto a detener a uno de sus defensores por haber compartido valientemente su experiencia y denunciado estas violaciones, intentando presentarlo como una amenaza a la seguridad nacional", ha condenado Lawlor.

La relatora también ha mostrado preocupación en el documento publicado por el hostigamiento de las familias de estos abogados, que han sido inhabilitados y detenidos, ya que habitualmente son amenazadas, interrogadas y vigiladas.

Las detenciones de defensores se esgrimen en el contexto de la seguridad nacional, según las autoridades chinas, aunque Lawlor recuerda que, aunque "respeta y aprecia la importancia de salvaguardar la seguridad nacional y el derecho de todo gobierno a hacerlo (...), la vida y los medios de subsistencia de sus ciudadanos y sus Derechos Humanos no deberían ser el costo para hacerlo".

En este sentido, ha defendido que los Derechos Humanos "no son una amenaza para ningún Gobierno o sociedad", ni tampoco lo son los defensores, por lo que ha instado a las autoridades chinas a que liberen "de inmediato" a Chang y a todos los demás defensores detenidos y desaparecidos".