Viernes, 29 de marzo de 2024
La Eurocámara pide a El Salvador despenalizar el aborto y liberar a las mujeres condenadas
La Justicia salvadoreña ratifica la condena por homicidio contra una mujer a causa de un aborto
El Tribunal de Segunda Sentencia de San Salvador ha ratificado la condena a 30 años de cárcel contra Teodora Vásquez por un delito de homicidio agravado que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, se debe a un aborto involuntario por una "emergencia obstétrica" no atendida.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto sostiene que Vásquez sufrió una "emergencia obstétrica" mientras trabajaba como limpiadora en un colegio y se puso de parto dando a luz a un bebé muerto en los baños del centro educativo.
La mujer fue condenada en 2008 porque, de acuerdo con el fallo, el bebé nació muerto por un aborto intencionado. El Tribunal de Segunda Sentencia ha considerado que la condena "debe confirmarse" porque "los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica".
La defensa esgrimía que las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía no evidenciaban un aborto intencionado. El abogado de Vásquez ha insistido, una vez conocido el fallo, en que "la prueba científica no ha sido analizada en toda su amplitud" y ha anunciado un recurso de casación. "Es lamentable", ha dicho Víctor Mata.
Amnistía Internacional, por su parte, ha calificado de "tragedia" la condena a Vásquez. El Salvador tiene desde 1997 una de las leyes más duras contra el aborto. En este, así como en otros países centroamericanos, interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha pedido a El Salvador que imponga una moratoria sobre la prohibición total del aborto. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 27 mujeres purgan penas de entre seis y 35 años por homicidio agravado a causa de abortos.
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado una reforma para permitir la interrupción del embarazo en dos supuestos --que la vida de la madre corra peligro o que el embarazo sea fruto de una violación--, pero el proyecto de ley no ha prosperado en el Congreso.
El pleno de la Eurocámara ha instado este jueves a El Salvador a despenalizar el aborto y liberar a todas las niñas y mujeres que han sido condenadas a prisión tras sufrir un aborto espontáneo o haber dado a luz un feto muerto, en una resolución no vinculante aprobada por amplia mayoría.
En el texto, los eurodiputados han instado a la Asamblea Legislativa salvadoreña a reformar el Código Penal para despenalizar el aborto o al menos cuando el embarazo entraña riesgo para la madre o su salud física o mental, en caso de grave malformación o inviabilidad del feto y en caso de violación o incesto. También reclama a las autoridades del país suspender, hasta que se desatasque la reforma bloqueada desde octubre de 2016, la aplicación de la normativa en vigor, que prohíbe el aborto, sin ninguna excepción.
Además, de forma expresa han reclamado que las autoridades suspendan las penas contra Teodora del Carmen Vásquez, que ha cumplido ya diez de los 30 años de condena y cuya última apelación fue rechazada esta semana, y Evelyn Beatriz Hernández Cruz, de 18 años y cuya sentencia a 30 años fue confirmada en octubre pasado.
Al menos 120 mujeres, en su mayoría mujeres jóvenes y pobres, han sido procesadas en El Salvador por la muerte del feto durante los últimos meses de embarazo desde el año 2000, 26 de las cuáles han sido condenadas por homicidio y 23 por aborto, con penas de entre 30 y 50 años de prisión.
Los eurodiputados han denunciado el problema "serio" de violencia de género en El Salvador, donde una mujer sufre violencia sexual cada tres horas y más de mil fueron asesinadas sólo en 2015 y 2016 y que "muchos" de los embarazos de niñas y adolescentes son fruto de la violación. Según cifras del Gobierno, 1.445 niñas se quedaron embarazadas entre 10 y 14 años en 2015.
En el texto, consideran que la penalización del aborto incluso en caso de violación o incestos equivale "a la tortura" y reclaman que las autoridades salvadoreñas reconozcan el derecho inalienable de las mujeres a la integridad de su cuerpos.
Columnistas
Cabe resaltar aquí lo afirmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional: "En definitiva, da igual el explosivo que se utilizara, lo cierto es que todas las pruebas apuntan a que estos personajes fueron los que cometieron ese atentado y la trama asturiana proporcionó los explosivos" (sic).
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