Según fuentes de la junta al portal de noticias Irrawaddy, tras la recepción de la orden esta semana, el destino de ambos activistas queda en manos del Departamento de Penitenciarías, "que decidirá cuándo proceder con las ejecuciones".

Ko Phyo Zeya Thaw, de 40 años, y Ko Jimmy, de 53 años fueron arrestados a fines del año pasado y condenados a muerte en enero por planear operaciones de resistencia armada en Rangún durante las protestas contra la junta militar.

Ma Nilar Thein, la esposa de Ko Jimmy, también es activista por la democracia y actualmente se encuentra escondida.

Ko Phyo Zeya Thaw y Ko Jimmy podrían convertirse en los primeros disidentes políticos en ser ejecutados en Birmania desde que el líder estudiantil de la etnia chin, Salai Tin Maung Oo, fuera ahorcado por el régimen autoritario del dictador general Ne Win en la prisión Insein de Rangún en 1976.

NACIONES UNIDAS DENUNCIA LA RATIFICACIÓN DE LAS EJECUCIONES

La Misión de Naciones Unidas en Birmania ha presentado inmediatamente una queja contra esta decisión, que "ha descrito como un flagrante violación al derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona, según el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

"El Secretario General reitera sus llamamientos para que se respeten los derechos de las personas", ha añadido la ONU, "a la libertad de opinión y de expresión y también para que abandonen todas las cargos contra los detenidos por cargos relacionados con el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales, y para la inmediata liberación de todos los presos políticos en Birmania".

"La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra los principios de igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho a una audiencia justa y pública por un tribunal independiente e imparcial, y todas las garantías necesarias para la defensa de una persona", añade.

Por último, "el Secretario General considera que la pena de muerte no puede conciliarse con el pleno respeto del derecho a la vida. La abolición es necesaria y deseable para el realce de la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los Derechos Humanos".

Desde el golpe de febrero del año pasado, el régimen militar ha dictado sentencias de muerte a 113 personas por su papel en la resistencia armada a la junta.

Según estimaciones de Naciones Unidas más de 560.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de la violencia. El Gobierno de Unidad Nacional declaró en septiembre de 2021 "una guerra defensiva popular" contra la junta militar y pidió a los ciudadanos "de todos los rincones del país" que se rebelaran contra los golpistas que tomaron el poder.

Las milicias apenas tienen armas y usan rifles rudimentarios y artefactos explosivos caseros para luchar contra el Ejército birmano, que está bien equipado y ha sido acusado por la ONU de usar armas pesadas y cometer masacres contra la población civil.