La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, ha emitido un nuevo auto en el que concede al Ejecutivo autonómico un plazo de tres días al objeto de que, como medida cautelar, le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento.  

   En este auto, la juez advierte al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia en el caso de no cumplir estas medidas cautelares.

    Como es sabido, la Junta de Andalucía, personada en las actuaciones como parte perjudicada y por ende como acusación particular, ha resuelto no entregar a la juez las actas de las sesiones celebradas desde 2001 por el Consejo de Gobierno al considerar que se trata de documentación de carácter reservado, esgrimiendo igualmente que la reclamación promovida por la juez Mercedes Alaya no habría concretado con exactitud qué actas o acuerdos son precisos para la investigación.

    Requerida por la juez, la representación jurídica de la Junta de Andalucía ha confirmado su posición ofreciendo al Juzgado de Instrucción número seis "vías alternativas" para tener acceso a "idéntica información" a través de la "certificación de acuerdos o informes concretos relevantes para la investigación". Y es que el Gobierno andaluz cree que la citada reclamación de las actas del Consejo de Gobierno "no está motivada, es indiscriminada y vulnera la Ley del Gobierno". Los representantes jurídicos de la Administración autonómica, además, han advertido a la juez Mercedes Alaya de que, en caso de no aceptar estas "vías alternativas", sería elevado un "requerimiento de incompetencia" ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, adscrito al Tribunal Supremo, por considerar que la juez "carece de jurisdicción para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas".   

 Frente a esta advertencia, y según han informado a Europa Press fuentes del caso, la juez Mercedes Alaya ha emitido un nuevo auto en el que concede a la Junta de Andalucía un plazo de 72 horas para que, como medida cautelar, deposite en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla las actas reclamadas en el interior de un sobre precintado o lacrado al objeto de que dicha documentación sea custodiada, de manera eventual, mientras se resuelve la incidencia relativa a su competencia para levantar el carácter reservado de la documentación. La juez, en ese auto, advierte además al Gobierno andaluz de que podría incurrir en un posible delito de obstrucción a la Justicia en el caso de no dar cumplimiento a estas medidas judiciales.   

 Las citadas fuentes han señalado que en este nuevo auto, la juez incluso reclama nueva documentación al Gobierno andaluz, en concreto actas de acuerdos adoptados en el seno de diversas consejerías e incluso del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actual agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).