MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS).-

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, ha citado a declarar este martes en calidad de imputados a dos Tedax de la Unidad Central por los supuestos delitos de falso testimonio y encubrimiento, en la causa que investiga las posibles irregularidades cometidas durante la recogida y el traslado de los restos de explosivos utilizados en los atentados del 11 de marzo de 2004.   

La magistrada imputó la pasada semana al inspector jefe R.C. y al agente P.R., ambos pertenecientes a la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ, al estimar que las declaraciones que efectuaron ante su juzgado el pasado 13 de abril no se ajustaban a la realidad, según han informado fuentes jurídicas.  

Ese día, los dos Tedax afirmaron que no tenían conocimiento de que se produjera "irregularidad alguna" en el traslado de los vestigios y mostraron su "convencimiento" de que el entonces comisario jefe Juan Jesús Sánchez Manzano no ordenó deshacerse de muestras, según el acta de declaración a la que tuvo acceso Europa Press.    Según testificaron, no es "anómalo" ni "delictivo" que los vestigios se remitan a la Unidad Central. Uno de los policías explicó que el día del atentado permaneció en la Unidad Central recabando información sobre los focos de explosión y los hechos ocurridos con el fin de detectar el total de carga explosiva y los puntos exactos donde estallaron los artefactos, negando así la versión de los agentes de la Brigada Provincial de Madrid que dijeron estaba en Atocha.   

Por su parte, el otro agente declaró que aquel día estuvo, entre las 7.55 y las 10.30 horas, en la estación de El Pozo y que no se hizo cargo de ninguna muestra ni recibió órdenes de Sánchez Manzano a este respecto.   

Estas diligencias se enmarcan en la investigación de la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra el Sánchez Manzano por los delitos de encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos. En la causa también están personadas la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.   

Sánchez Manzano fue el máximo responsable de los agentes encargados de la desactivación de las bombas de los atentados de Madrid y el que se hizo cargo de las muestras de los explosivos. Según la querella, su actuación dificultó conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta de los terroristas.