Las últimas intervenciones públicas de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado marcando distancias con el Gobierno de Mariano Rajoy y exigiendo cada vez más autonomía en la gestión del presupuesto y los medios del Ministerio Público provocó malestar en el PP, según informaron a Europa Press fuentes 'populares'.

   Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press, califican de "cordial, impecable y cercana" la relación que Torres-Dulce mantenía con el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien le propuso como fiscal general en noviembre de 2012 con la premisa de que su equipo no interferiría en su actuación.

   En este sentido, respetó su autonomía para dirigir a los fiscales en los procesos judiciales abiertos y las desaveniencias con el Ministerio de Justicia se centraban en temas de "pura gestión", que tenían que ver con el "aparataje" y la aspiración de convertir a la Fiscalía en un "poder autónomo".

   A este respecto, hubo tensiones con la secretaría de Estado que antes dirigía Fernando Román. Hubo diferencias sobre el modelo de Eurojust o la autonomía presupuestaria que pretendía Torres-Dulce, quien en repetidas ocasiones hacía pública su petición de tener unidades de Policía Judicial adscritas a la Fiscalía.

PROPUESTAS INVIABLES

   El Gobierno ha mantenido la disposición del Ministerio Público para gestionar sus recursos, aunque considera que otras de sus propuestas son "inviables" por la propia configuración de este órgano, pero también por razones de eficacia. Así, defiende la experiencia de Justicia en materia de gestión y las diferencias de la Fiscalía respecto al Consejo General del Poder Judicial.

   En época de Torres-Dulce, se llegó a pedir a Gallardón el cese del antiguo director general de Cooperación Jurídica Internacional, Ángel Llorrente, por parte de la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, de la que el fiscal general era miembro.

   El malestar se ahondó con la comparecencia pública en el Congreso de los Diputados de Eduardo Torres-Dulce el pasado 26 de noviembre, cuando defendió que no se le podía acusar de ser proclive al Gobierno de Mariano Rajoy porque había mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en casos como 'Bolinaga' o 'Matas'.

   La escalada de diferencias ha ido 'in crescendo', mientras que a nivel interno afrontó la "dura" situación en la que le dejó la Fiscalía Superior de Cataluña cuando se negó a querellarse contra el Ejecutivo de Artur Mas por el 9-N e hizo patente que la decisión se tomaba en Madrid.

   Otras fuentes indican que Torres-Dulce ha amagado con presentar su renuncia, algo que ha hecho tras sentirse "ninguneado" después de muchas gotas que finalmente han colmado el vaso.