En nombre de la Iglesia de Madrid y de las distinas instituciones católicas que trabajan en la materia, el vicario de Pastoral Social e Innovación de la diócesis de Madrid, José Luis Segovia, ha mandado una carta a los poderes públicos para reclamar cambios legales para suspender provisionalmente los desahucios de personas vulnerables.

Los destinatarios de esta petición han sido los grupos parlamentarios, Ministerio de Fomento, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Defensor del Pueblo.

En la carta, el colectivo expresa estar "consternado" por el suicidio de la mujer en Chamberí, lo que a su juicio pone de manifiesto de "forma muy cruda la realidad que están sufriendo muchas familias desahuciadas por no poder, casi siempre, pagar el alquiler de su vivienda".

HEMORRAGIA SOCIAL

"Asistimos a la paradoja de que, por un lado, el sistema judicial expulsa de sus hogares a personas sin alternativa habitacional y, por otro, tanto la administración local como las entidades de intervención nos volvemos locos para paliar los estragos de una hemorragia social imparable que requiere un abordaje preventivo", recoge la misiva.

En esta línea, subraya que "la ausencia de suficientes viviendas sociales en la Comunidad de Madrid impide un tratamiento preventivo de estas situaciones que desembocan en un incremento notable de familias que no pueden pagar los alquileres de mercado".

A continuación, critica que se ha pasado de "un modelo de producción masiva de vivienda de protección oficial a otro de liberalización del suelo, especulación y corrupción, para acabar desembarcando en el olvido flagrante del derecho a la vivienda, transformado en muchos casos a simple bien de inversión".

Entre sus demandas, la Iglesia de Madrid quiere que se promueva una iniciativa legislativa que impida "el desahucio de personas vulnerables, ancianos, niños y niñas sin que, previamente, se cuente con informe social y, en estos casos, siempre con la garantía de una alternativa residencial digna".

Junto con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aboga por una iniciativa conjunta de las tres administraciones que coexisten en la Comunidad de Madrid para lanzar un plan de construcción urgente de un número no inferior a 20.000 viviendas sociales, que posibiliten una vida digna a los ciudadanos con empleos precarios, escasos de recursos económicas o en situación de vulnerabilidad o exclusión.

Además, se suma a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en favor de promocionar la construcción de vivienda social e incentivar el alquiler social para la población vulnerable