La Guardia Civil ha comenzado ya a tomar declaración en calidad de imputados a varios empresarios dentro de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Sevilla antes las posibles "irregularidades graves" y "fraude" cometidos en la gestión de las ayudas europeas al empleo en la comunidad autónoma de Andalucía, y en este caso concreto en la provincia de Sevilla.

   En este sentido, fuentes de la investigación han informado a Europa Press de que, después de que el fiscal responsable de la Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público solicitase al Instituto Armado que tomara declaración como imputados a 15 empresarios presuntamente relacionados con estos hechos, el Instituto Armado ha dado ya comienzo a esta ronda de declaraciones.  

  El presunto "fraude" se producía cuando empresas particulares recibían subvenciones procedentes de la Unión Europea (UE) por la creación de puestos de trabajo pero estos puestos "no se mantenían" con posterioridad. De este modo, y según han apuntado las fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía también ha instado a la Benemérita para que tome declaración como testigos a "algunas" de las personas que trabajaron en estas empresas.   

Conviene recordar que fue el pasado día 10 de marzo cuando la Fiscalía hispalense recibió por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía las diligencias abiertas que afectan a la provincia hispalense en torno a las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de "subvenciones" por parte de la Unión Europea (UE).  

   Sobre este particular, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya señaló que este supuesto "fraude", que ha sido investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía Superior de Andalucía, afecta a empresas particulares de siete de las ocho provincias andaluzas, todas a excepción de la provincia de Huelva.   

 Según explicó Conde-Pumpido, el presunto "fraude" se producía cuando estas empresas particulares recibían subvenciones por la creación de puestos de trabajo pero estos puestos "no se mantenían" con posterioridad. "El fraude ha sido cometido por empresas particulares, y si hay otro tipo de responsabilidades se derivarán de la investigación judicial", apostilló.

 COLABORACIÓN DE LA JUNTA

    Sobre este supuesto fraude, el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ya aclaró que la investigación es "fruto" de una investigación de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo para la cual se ha solicitado colaboración a su Consejería debido a que el departamento colaboraba con el Ministerio de Trabajo "en la gestión y el control" de estas ayudas.  

  Recio indicó que su departamento ha colaborado con esa investigación en diversas ocasiones "como no podía ser de otra forma", a la par que explicó que se trata de bonificaciones que "no son de la Consejería sino del Ministerio de Trabajo" dirigidas a consolidar el empleo, ya que "se pasaban contratos temporales a contratos fijos" o bien para que "se contrate de forma fija como primera opción".