Según explica en un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 por el fiscal Carlos Bautista, los tres policías no mantienen "afinidad ideológica" con los objetivos de la organización terrorista lo que, en aplicación de la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo y Constitucional, invalidaría el delito de colaboración.  

  El Ministerio Público solicita, no obstante, que se mantenga el procesamiento por un delito de encubrimiento y revelación de secretos lo que supondría la derivación de la causa "a la legislación penal común" de modo que recaería en un juzgado de Irún.

   El juez Ruz procesó el pasado 13 de julio a los tres por la comisión de delitos de colaboración con ETA o encubrimiento y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas de hasta 13 años de prisión.

   Especificaba que García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación y apuntaba al jefe superior de Policía del País Vasco como la persona que advirtió al dueño del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, de las próximas detenciones. Ballesteros fue, en opinión del magistrado, el encargado de entregar el teléfono al propietario del local.  

  Bautista defiende en su escrito que la comisión de "hechos delictivos" sin que en ellos concurra "la intención de coadyugar, favorecer o facilitar las actividades o finalidades terroristas" merece sin duda sanción pero "no podrá utilizarse una legislación especial" para ello.

 ABUNDANTE JURISPRUDENCIA

   El fiscal recoge en su informe de 18 páginas abundante jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional para apoyar esta teoría y demostrar asi que las resoluciones de los dos altos tribunales "no avalan la posición jurídica del instructor".

   "Es obvio, pues, que si en la conducta que se imputa a los procesados no concurren todos los requisitos que la ley penal y la doctribunal jurisprudencial requieren para que nos encontremos en presencia de un delito de colaboración con organización terrorista", dice el fiscal.  

  Destaca, además, que para que existiera esa afinidad los procesados tendrían que mantener una mínima adhesión ideológica respecto a la banda, tener la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o bien voluntad de favorecer o facilitar las actividades y finalidades terroristas".   

 Por todo ello el Ministerio Público se adhiere parcialmente al recurso presentado por la defensa de García-Hidalgo y especifica que la competencia para el conocimiento de los hechos "correspondería a los órganos judiciales territorialmente competentes".  

  No es la primera vez que la Fiscalía adopta esta posicion que ya defendió el pasado mes de marzo ante la Sala de lo Penal. En aquella ocasión la Sección Segunda rechazó la argumentación fiscal y respaldó la competencia de Ruz para investigar los hechos.