En un escrito, la fiscal Teresa Sandoval solicita al juez Eloy Velasco, que se encuentra de guardia esta semana, que prohíba la celebración del acto porque tiene "la misma finalidad" que el que intentaron celebrar los "colectivos independentistas radicales" el pasado sábado en el barrio de Gràcia y que fue prohibido por el magistrado Pablo Ruz.

   La representante del Ministerio Público también solicita al juez que dé "instrucciones" a las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña para que impidan la celebración del acto, que forma parte, según consta en el cartel convocante, de la Festa Major Alternativa Sants 2010.  

  A su juicio, el brindis convocado "tiene por finalidad la justificación de las acciones delictivas desarrolladas en nombre de ETA y el reconocimiento público de quienes las cometen, animando a su mantenimiento y, en definitiva, constituyendo una excusa para la ejecución de las directrices marcadas en tal sentido por la banda terrorista".

INFORME DE LOS MOSSOS

   La Fiscalía ha realizado esta petición después de que los Mossos d´Esquadra informaran de la aparición en las calles de Barcelona de carteles en los que se convoca el brindis, que está previsto que se celebre a las 22.00 horas en el Parc de l´Espanya Industrial como preámbulo de un concierto del rapero Marco Fonktana y los grupos Cardova y The Kluba.

   Según el informe de la División de Información de la policía autónoma catalana, el acto convocado tiene el objetivo de "brindar por las mujeres que aún están en prisión por pertenecer al comando Barcelona de ETA", en referencia a López Resina y Bernardó Bonada, y "celebrar la puesta en libertad" de Riera, que salió de la cárcel el pasado sábado.

   El pasado sábado los Mossos d´Esquadra impidieron la celebración de un acto de bienvenida a Riera y una marcha de antorcha dedicada a las otras dos etarras que se iban a celebrar  durante las fiestas alternativas del barrio barcelonés de Gràcia después de que las dos convocatorias fueran prohibidas por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.  

   Riera, vinculada al movimiento okupa, trabajaba como auxiliar administrativo interina en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona), y tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Valiéndose de claves de sus compañeros de trabajo, facilitó al comando Barcelona matrículas de vehículos de fuerzas de seguridad, así como la del coche del concejal del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado por ETA el 14 de diciembre de 2000.

   López Resina, por su parte, ha sido condenada a casi 400 años de cárcel por su integración en la organización terrorista ETA y la labor que desarrolló a principios de los años noventa en el comando Barcelona.

Bernadó, integrante del aparato de reserva y falsificación de ETA desde 2004 hasta su detención en 2006, fue condenada en Francia a nueve años de prisión por asociación de malhechores.