En un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, el fiscal coordinador en materia de terrorismo, Vicente González Mota, argumenta que la nacionalidad venezolana del reclamado "no es un obstáculo para la concesión de la extradición", ya que el tratado vigente entre los dos países desde 1989 considera el rechazo de la entrega por este motivo "potestativo y no preceptivo".   

En el caso de que el Gobierno de Hugo Chávez no accediese a la entrega del reclamado, jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI), en virtud de su nacionalidad venezolana, "el Estado requerido está obligado a cumplir el compromiso de perseguir tan graves actos criminales", tal y como contempla el citado tratado bilateral.

   Este precepto está contenido en los artículos 8.1. y 8.2. del tratado de extradición entre España y Venezuela. El primero establece que "cuando el reclamado fuere nacional de la parte requerida, ésta podrá rehusar la concesión de la extradición de acuerdo con su propia ley", mientras que el segundo añade que "si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causas de nacionalidad, deberá, a instancia de la parte requirente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra aquel". 

DELITOS DE TERRORISMO

   En su escrito, de apenas dos folios, González Mota sostiene que los delitos por los que la Audiencia Nacional reclama a Cubillas Fontán (tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas) son "susceptibles de extradición", ya que "no pueden ser considerados como delitos políticos" sino que constituyen "actos de terrorismo".

   También recuerda que sobre Cubillas Fontán pende una orden internacional de detención con fines de extradición desde el 24 de febrero de 2010, cuando el juez Velasco le procesó junto a otros 11 dirigentes de ETA y las FARC en un auto en el que advertía de la "cooperación gubernamental" del Gobierno de Venezuela "en la ilícita colaboración" entre estos dos grupos terroristas.   

El fiscal ha realizado esta petición después de recibir por fax una comunicación oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se hacía constar que el reclamado es "ciudadano venezolano y reside en ese país, trabaja desde octubre de de 2007 como jefe de Seguridad en el INTI (...) y se ha personado recientemente ante las autoridades judiciales de Venezuela sin que haya tenido efecto hasta aora la orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional".

SUPUESTO INSTRUCTOR DE ETARRAS   

Cubillas Fontán, además, fue señalado por los presuntos miembros del comando Imanol Javier Atristain, alias Golfo, y Juan Carlos Besance Zugasti, Fenómeno, encarcelados el pasado 4 de octubre por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, como el etarra que les adiestró en Venezuela en el verano de 2008 en el manejo de explosivos.  

  Los etarras procesados por el juez Velasco son Arturo Cubillas Fontán, José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso, José María Zaldúa Corta, José José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio. El juez imputa a todos el delito de colaboración con organización terrorista; a los cuatro primeros, además, el de tenencia de explosivos; y a Cubillas Fontán también el de conspiración para cometer homicidios terroristas.

   Este último delito es atribuido también a los supuestos miembros de las FARC Omar Arturo Zabala Padilla y Víctor Ramón Vargas Salazar. El juez también imputa a Gustavo Navarro Morales, Emiro del Carmen Ropero Suárez, Rodrigo Granda Escobar, Remedios García Albert y Luciano Martín Arango por colaboración con banda armada.