La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a reclamar a la juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que abra una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas y que eleve al Tribunal Supremo dos piezas que afectan a los aforados 'preimputados', como son los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, en concreto José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila.

El pasado viernes, la juez Mercedes Alaya dictó una providencia en la que ponía de manifiesto que ya se han practicado las diligencias necesarias "para individualizar las respectivas conductas de cada aforado" y solicitaba al Ministerio Público que informara "lo que a su derecho convenga sobre la competencia para seguir conociendo de las presentes actuaciones", ya que en el procedimiento hay aforados cuya investigación correspondería al Supremo por ser diputados nacionales o senadores, pero también aforados cuya investigación sería del TSJA al tratarse de parlamentarios andaluces.

En un escrito elevado este lunes al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía solicita nuevamente la formación de piezas separadas por cada una de las ayudas investigadas "en aras de la simplificación y activación del procedimiento", que acumula ya 201 imputados, y a fin de "concluir en un plazo razonable la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa", y que las dos piezas que afectan a los aforados se eleven al Supremo.

Y es que Anticorrupción entiende que "se debe de proceder a elevar no toda la causa en su integridad, sino solo, en el estado actual de la instrucción, el conocimiento" de las dos piezas que afectan a los aforados, todo ello "sin perjuicio de que, si en el curso de la investigación pendiente de las numerosas ayudas a empresas y sociolaborales, se obtengan nuevos indicios de la posible responsabilidad penal de personas que gocen de fuero, la pieza en cuestión se deba elevar al órgano superior, en este caso ante la Sala de lo Penal del Supremo".

De este modo, insiste en que se eleve al Supremo la pieza relativa al denominado 'procedimiento específico' por el que se concedieron durante diez años las ayudas investigadas, todo ello atendiendo a la calidad del fuero de las personas reseñadas en el auto del 18 de diciembre, donde la juez volvió a 'preimputar' a todos los aludidos después de que la Audiencia Provincial anulara su primera resolución en este sentido y le ordenara dictar una nueva donde se concretaran y motivaran mejor los hechos que atribuye a los aforados.

La Fiscalía entiende que la instrucción de esta parte "está lo suficientemente avanzada como para que, en un horizonte temporal próximo, se pudiera llevar a cabo su enjuiciamiento".

Asimismo, la Fiscalía reclama a la juez que eleve la pieza relativa a las ayudas concedidas al "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, todo ello por su vinculación con personas aforadas y en concreto con el exconsejero de Empleo y actual diputado del PSOE en el Congreso José Antonio Viera.

PIDE SUSPENDER LA TRAMITACIÓN DEL CASO SI LO ELEVA ENTERO AL TS

Anticorrupción considera que, en el caso de que la juez no comparta su opinión y vea "procedente" mantener la "inescindibilidad" de las actuaciones y elevar la causa "en su totalidad por pérdida de la competencia a favor de órgano superior", debería suspender la tramitación de la causa, "salvo la de aquellas diligencias cuya urgencia o necesidad fuera manifiesta".

En su escrito, la Fiscalía vuelve a reclamar a la magistrada que forme piezas separadas con cada expediente de ayuda sociolaboral o de ayuda directa a empresa, "salvo conexidad en cuanto a identidad de los sujetos perceptores"; otra pieza separada relativa a la determinación, pago y destino de las 'sobrecomisiones', y, por último, una pieza separada relativa al llamado 'procedimiento específico', que sería el que afecta a los aforados.

Y es que Anticorrupción entiende que "es posible llevar a cabo no sólo la instrucción separada de cada una de las piezas sino también su enjuiciamiento, siendo escindible la causa en su tramitación actual, no sólo por razones de índole procesal sino porque los propios hechos que son objeto de investigación así lo permiten", punto en el que señala que la instrucción de la parte del 'procedimiento específico' "está lo suficientemente avanzada como para que, en un horizonte temporal próximo, se pudiera llevar a cabo su enjuiciamiento".

"DOBLE VELOCIDAD"

"No obstante, en el estudio de cada pieza separada que tuviese por objeto las singulares ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis la situación es dispar, encontrándose alguna de ellas en la fase final de su investigación y un gran número de ellas sin haberla iniciado ni haber dirigido el procedimiento contra persona alguna", de manera que "esta doble velocidad conllevaría, de no procederse a la formación de piezas separadas, a tener que demorar la conclusión de la instrucción al inicio y término de la investigación de cada ayuda sociolaboral y ayuda a empresa".

A juicio de la Fiscalía, esta situación "conlleva alagar el sometimiento de las personas imputadas, y ajenas en la mayoría de los casos al resto de piezas objeto de investigación, a un largo proceso judicial y al mantenimiento de medidas cautelares que se prolongarían excesivamente en el tiempo", por lo que "razones de agilidad y equidad procesal aconsejan por tanto la formación de piezas separadas".

En este sentido, asevera que "el elevado número de expedientes que comprenden tanto las denominadas ayudas a empresas como las ayudas sociolaborales, la extensión y complejidad de los mismos, el importante número de imputaciones ya existente en los expedientes, con una instrucción judicial avanzada, y las que se deriven del inicio de la instrucción de la gran mayoría de esos expedientes aún no abordados en sede judicial, así como la necesidad de recuperar los fondos públicos presuntamente malversados, justifican que se formen piezas separadas".

En cuanto a las 'sobrecomisiones', la Fiscalía también entiende que se puede formar una pieza separada en torno al "enriquecimiento presuntamente ilícito de las empresas, despachos de abogados, mediadores y agentes que han intervenido en la gestión de las ayudas", un hecho "derivado de la falta de control de la cuantificación de las primas de las pólizas de rentas y capital suscritas y que, sistemáticamente, eran abonadas por la Junta sin sujeción a procedimiento alguno".