La fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha decidido finalmente retirar los cargos presentados contra el actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por la violencia registrada en su país tras las elecciones de diciembre de 2007.

   "A la luz de la decisión adoptada el 3 de diciembre por la Cámara Tercera del Tribunal sobre la solicitud de aplazamiento de la Fiscalía, la Fiscalía ha decidido retirar los cargos contra Kenyatta", ha asegurado la fiscal en su escrito entregado al TPI este viernes.

   Kenyatta estaba acusado de orquestar la ola de violencia desatada tras las elecciones de 2007. Se le imputaban cinco cargos de crímenes contra la humanidad --asesinato, deportación o transferencia forzada, violación, persecución y otros actos inhumanos--, confirmados el 23 de enero de 2012.

   La fiscal ha asegurado que las pruebas no son suficientes para demostrar la supuesta responsabilidad penal del presidente Kenyatta en la violencia postelectoral más allá de una duda razonable.

   "Como ha señalado la Cámara, esta retirada de cargos se realiza sin perjuicio de la posibilidad de presentar nuevos cargos contra Kenyatta en una fecha posterior, basándose en circunstancias fácticas iguales o similares si la Fiscalía obtiene pruebas suficientes para apoyar una acción así", ha asegurado Bensouda.

   La fiscal ha recordado que el propio TPI aseguró en el fallo que rechazaba el aplazamiento del juicio que el Gobierno keniano no había cumplido su compromiso de colaborar con la corte internacional en la investigación de los hechos y, de hecho, había impedido su labor de investigación, algo que ha definido como "una importante conclusión" del órgano judicial con sede en La Haya.

   "Los jueces, por tanto, han determinado que el estatus de la cooperación del Gobierno keniano en el caso contra Kenyatta ha sido contrario a sus compromisos públicos de plena cooperación con la corte. Ese fallo ha confirmado que, en realidad, ha incumplido sus obligaciones derivadas del Estatuto de Roma al no cooperar con mi investigación", ha afirmado Bensouda, en un comunicado hecho público por el TPI.

EL GOBIERNO KENIANO NO HA PRESTADO UNA "AYUDA

CRUCIAL"

   La fiscal ha asegurado que ha estado "persistentemente" intentando lograr la "cooperación" que precisaba del Gobierno de Kenia para poder "ejecutar su mandato". Sin embargo, las "pruebas documentales cruciales de la violencia tras las elecciones de 2007-2008, incluida la de la conducta del acusado, solo pueden ser encontradas en Kenia y solo son accesibles a la Fiscalía con la ayuda del Gobierno de Kenia", ha advertido. La fiscal ha subrayado que el Ejecutivo de Nairobi "no ha facilitado" la "ayuda crucial" que necesitaba para poder investigar los hechos.

   "Además de este fallo por parte del Gobierno de Kenia, mi oficina ha afrontado otras graves trabas, que han menoscabado mi capacidad para investigar en profundidad el periodo 2007-2008 y, en última instancia, han frustrado las investigaciones de este caso", ha asegurado la fiscal del TPI.

   Entre las trabas que ha encontrado, Bensouda ha destacado que ha existido una "continua e implacable" corriente de informaciones de medios "falsas" sobre lo sucedido en Kenia tras las elecciones, una "campaña sin precedentes en redes sociales" para denunciar las identidades de testigos protegidos de los casos investigados, unos "esfuerzos concertados y de amplio alcancen para acosar, intimidar y amenazar a los individuos que querían testificar"

   "El hecho de que el Gobierno de Kenia no haya proporcionado a mi oficina importantes documentos ha tenido un grave impacto adverso en este caso. Ha privado a las víctimas de su derecho a conocer un relato completo de lo que sucedió en 2007-2008", ha contado la fiscal del TPI. En esta misma línea, ha hecho hincapié en que los obstáculos del Ejecutivo de Nairobi han "socavado" su capacidad de desarrollar "una investigación completa. "Ha impedido que los jueces desarrollen sus funciones esenciales de estudiar las pruebas y determinar la verdad", ha asegurado.

   Bensouda ha asegurado, por último, que los "obstáculos" puestos por el Gobierno keniano han "retrasado" y "frustrado" el trabajo de la justicia para las víctimas en este caso.