Betanzos, en una rueda de prensa ante los medios, ha indicado que el cártel de Guerreros Unidos --del municipio de Iguala y al que pertenecen algunos de los detenidos vinculados a este caso--, tejió una importante red en el norte del estado hasta alcanzar a los servidores públicos para poder operar.

"Ese evento --en referencia a la desaparición de los estudiantes-- nos alertó sobre fallas, abuso de poder, corrupción y la infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales en la zona norte de Guerrero", ha indicado Betanzos, según declaraciones recogidas por el diario 'El Universal'.

Según la explicación que ha ofrecido el subprocurador de Derechos Humanos, Guerreros Unidos habría tejido "una red de complicidades en Iguala, Cocula y municipios aledaños" y se habría infiltrado "en los cuerpos de seguridad pública municipal", alcanzando a los "servidores públicos que recibían dinero para el control de la Policía municipal".

Hasta el momento, Betanzos ha confirmado que se han llevado a cabo 130 detenciones relacionadas con el caso.

"LIMPIEZA" EN LA INVESTIGACIÓN

Asimismo, la Fiscalía ha anunciado la salida de dos altos cargos de la PGR que participaron en la investigación, relevados tras una serie de críticas por errores cometidos durante el proceso. La titular de la PRG, Arely Gómez González, ha confirmado que Alfredo Higuera Bernal sustituirá a José Aarón Pérez Carro al mando de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, según ha informado el diario 'Informador'.

También Sara Medina, ahora exdirectora de Servicios Periciales, ha sido sustituida por Jorge Zúñiga, tal y como ha indicado el órgano en un comunicado.

El abogado de los padres de los 32 desaparecidos, Vidulfo Rodríguez, ha aplaudido estos relevos, asegurando que con la salida de Medina se inicia "el proceso de limpia" de los funcionarios involucrados en la investigación.

CASO IGUALA

El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa llegaron a Iguala, en el estado de Guerrero, para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a tiros por policías municipales y sicarios.

Tres murieron durante las primeras horas del ataque, mientras que los restos calcinados de otro más fueron hallados más tarde e identificados. Los otros 42 continúan desaparecidos.

Los familiares de los jóvenes nunca dieron credibilidad a las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar el caso cuanto antes porque perjudicaba al Gobierno.

Uno de los aspectos fundamentales es esclarecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para impedir el ataque contra los jóvenes desarmados y en pleno centro de la ciudad. Al parecer una patrulla de la Policía Federal llegó a detener uno de los autobuses en los que se desplazaban los estudiantes.