"A mi familia la acosan, la persiguen patrullas que parecen ser del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), les mandan mensajes", ha relatado, sin dar más detalles.

"Las amenazas que yo he recibido han sido por televisión, que creo las ha visto todo el mundo", ha agregado, antes de reiterar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "ha sido un obstáculo para la paz del país".

La titular del Ministerio Público ha hecho estas declaraciones en un programa de una emisora de radio local, horas después de que la Sala Electoral del TSJ rechazara su recurso en contra de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro.

El TSJ ha considerado "inadmisible" el recurso formulado por la fiscal por "acumulación de pretensiones" de Ortega Díaz, ya que ésta también había solicitado a la Sala Constitucional que aclarara la sentencia en la que se validaba que el presidente pueda convocar la Constituyente sin consulta popular previa.

El Supremo ha considerado "inadmisible" el recurso formulado por la fiscal por "acumulación de pretensiones" de Ortega Díaz, ya que ésta también había solicitado a la Sala Constitucional que aclarara la sentencia en la que se validaba que el presidente pueda convocar la Constituyente sin consulta popular previa.

El Supremo ha considerado "inadmisible" el recurso formulado por la fiscal por "acumulación de pretensiones" de Ortega Díaz, ya que ésta también había solicitado a la Sala Constitucional que aclarara la sentencia en la que se validaba que el presidente pueda convocar la Constituyente sin consulta popular previa.

La jefa del Ministerio Público explicó que el decreto de Maduro por el que llama a reemplazar la Carta Magna "no cumple con los extremos legales porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente", no el Gobierno. "Una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente", sostuvo.

Además, advirtió de que, de persistir en esta convocatoria, los poderes Electoral y Judicial incurrirán "en una violación de los principios de los Derechos Humanos", señalando en concreto "los derechos al sufragio y a la participación política", así como del "principio de la soberanía constitucional progresiva".

CRISIS VENEZOLANA

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, más de 60 personas han muerto, incluidos adolescentes, y miles han sido detenidas.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos el próximo 30 de julio "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro

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