Ortega Díaz ha comparecido en rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la muerte de Pablo Pernalete, un joven de 20 años que estudiaba Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana de Caracas y falleció en el marco de la protesta antigubernamental celebrada el pasado 26 de abril en la zona de Altamira.

Las investigaciones han determinado que Pernalete murió por una bomba lacrimógena que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) lanzó directamente contra su pecho. Ortega Díaz ha revelado que ya hay varios agentes detenidos por este crimen pero ha matizado que todavía no se ha identificado al responsable.

Esta versión contradice la aportada en su momento por los ministros de Interior y Justicia, Néstor Reverol, y Comunicación e Información, Ernesto Villegas, que aseguraron que Pernalete fue asesinado con una pistola usada por grupos armados de la oposición y que la GNB no estaba en Altamira cuando ocurrieron los hechos. "Han sido ellos mismos", dijo el vicepresidente del gobernante PSUV, Diosdado Cabello.

La jefa del Ministerio Público ha aprovechado este caso para hacer un llamamiento a todos los actores políticos para que no especulen sobre las circunstancias de estas muertes hasta que concluyan las pesquisas oficiales. "He visto muchas elucubraciones (...), que se divulgan como ola de rumores o a través de portavoces no competentes, entorpecen las investigaciones", ha subrayado.

También ha expresado su preocupación por al "excesiva represión" de las manifestaciones, recordando, en alusión al caso de Pernalete, que "la normativa nacional e internacional prohíbe que las bombas lacrimógenas sean arrojadas directamente contra las personas" porque si se emplean de esa forma pueden llegar a ser mortales, como ha quedado demostrado.

"Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales", ha dicho la jefa del Ministerio Público, al tiempo que ha enfatizado que "más de la mitad de las personas han sido lesionadas producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado". "Es imprescindible e urgente que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas", ha considerado.

Ortega Díaz ha recordado que "debe haber libertad para profesar cualquier tendencia política" y, en consecuencia, "las manifestaciones pacíficas son un derecho que el Estado debe garantizar". En este sentido, ha pedido "a los actores políticos moderar su lenguaje para evitar un espiral de violencia" aún mayor de la que sufre la nación caribeña, según informa la prensa local.

TRIBUNALES MILITARES

Por otro lado, ha vuelto a reprochar al Gobierno el uso de tribunales militares para dirimir casos que corresponden a la administración de justicia civil, una crítica que también han realizado organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. "Las personas tienen derecho a ser juzgadas por jueces naturales", ha recalcado.

De acuerdo con un reciente informe elaborado por Human Rights Watch y Foro Penal, un total de 275 civiles han sido procesados por tribunales militares en Venezuela, en muchos casos con graves violaciones procesales y de los Derechos Humanos, incluidas torturas, como parte de la represión gubernamental de las protestas contra Maduro.

No es la primera vez que Ortega Díaz alza la voz contra el Gobierno. Ya lo hizo para denunciar la "ruptura del orden constitucional" por las sentencias contra el Parlamento y los diputados, el uso de tribunales militares para civiles y contra la Asamblea Constituyente propuesta por Maduro.

Este nuevo rol de la fiscal general evidencia una ruptura en las filas 'chavistas', ya que hasta ahora Ortega Díaz se había mantenido al lado del oficialismo. Fuentes citadas por la prensa opositora afirman que Maduro prepara su relevo al frente del Ministerio Público.

CRISIS VENEZOLANA

La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.

El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.

Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, 55 personas han muerto --52 civiles tres agentes--, incluidos adolescentes, y miles han sido detenidas, de acuerdo con el balance ofrecido por Ortega Díaz.

Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.

La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.