La Comisión de Asuntos Exteriores de la Eurocámara ha reclamado este miércoles que los Gobiernos europeos vigilen los lugares de culto si hay sospechas razonables de que mantienen vínculos con grupos terroristas en un informe elaborado por el eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, aprobado este miércoles por 55 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones y que será votado en sesión plenaria la próxima semana.

Se trata de una de las medidas propuestas por los eurodiputados para tratar de cortar la financiación a los grupos terroristas. En el texto, instan a vigilar los lugares de culto, aunque han evitado mencionar expresamente las mezquitas incluido en el informe original, término especialmente sensible para los socialistas y verdes, que pidieron excluirlo del texto, en el que, además, los eurodiputados piden programas "específicos" para combatir la islamofobia y evitar un aumento de los ataques contra musulmanes.

"Se incluyen en lugares de culto las mezquitas", han recordado en todo caso fuentes parlamentarias. En concreto, los eurodiputados instan a los Gobiernos a establecer "un sistema de vigilancia y autorización que garantice que los lugares de culto y educación, instituciones, centros, organizaciones caritativas, asociaciones culturales y entidades similares, cuando haya una sospecha razonable de que mantienen vínculos con grupos terroristas, suministren detalles de quien reciben fondos, cómo se distribuyen estos fondos" y en el caso de las organizaciones caritativas sospechosas "una vigilancia ex ante obligatoria de la fuente del dinero y su destino" para impedir el desvío de fondos.

Otra de las medidas clave que proponen para atajar la financiación del terrorismo es la creación de "una plataforma europea de Inteligencia financiera antiterrorista estable" dentro de estructuras ya existentes, como por ejemplo Europol, para no crear una nueva agencia y garantizar el intercambio de información y cooperación proactivos entre las agencias de inteligencia de los Estados miembro, las autoridades policiales y judiciales y las unidades de delitos financieras y reclaman que la plataforma ponga en marcha una base de datos conjunta de personas físicas y una base de datos conjunta para identificar a personas físicas y jurídicas y transacciones sospechosas.

También piden una lista de personas y entidades que operan con regímenes opacos, así como obligar a declarar toda transacción significativa realizada a través de sistemas de transferencia tradicionales como la hawala árabe o el fei chi en chino) a fin de estrechar su control y vigilar a las organizaciones sospechosas de estar implicadas en el tráfico y comercio ilegal y fraudulento.

Los eurodiputados ven clave atajar las vías de financiación procedentes del comercio ilegal de bienes, armas de fuego, petróleo, drogas, cigarrillos y objetos culturales para combatir el terrorismo, pero también fenómenos como la esclavitud y la explotación infantil.

OBLIGAR A BANCOS A CONTROLAR TARJETAS DE

DÉBITO

Asimismo, piden obligar por ley a los bancos a vigilar las tarjetas de débito prepago para garantizar que sólo pueden recargarse a través de una cuenta bancaria identificable y vigilar las transacciones sospechosas, incluido con tarjetas prepago y monedas virtuales e instan a la Comisión Europea a proponer un sistema europeo para rastrear las transacciones financieras sospechosas de apoyar el terrorismo, similar al Programa de Rastreo de la Financiación del Terrorismo en Estados Unidos.

También reclaman evaluar si las monedas virtuales o criptomonedas, las tecnologías FinTech y de cadena en bloque contribuyen a financiar el terrorismo y deben por tanto regularse a nivel europeo.

Nart ha defendido que medidas reclamadas como la "plataforma informativa y un centro de coordinación común para los servicios de inteligencia, el control de las tarjetas de débito anónimas, el registro de la 'hawala' y de los fondos que llegan a centros de culturales y de culto, además de la vigilancia del tráfico ilegal de obras de arte" garantizan "la igualdad ante la ley" de todos los ciudadanos de la Unión "sin excepción".

"Este informe reúne medidas para estrangular el suministro impune de fondos al terrorismo 'low cost', que no ha necesitado de grandes paraísos fiscales, ni lobbies millonarios para infringir enormes daños en el corazón de nuestras poblaciones", ha resumido, insistiendo en que "la novedad" radica en "las medidas orientadas a cortar la microfinanciación de los grupos terroristas yihadistas".

Atentados recientes como los de Niza o Barcelona y Cambrils han vuelto a poner de relieve precisamente que los terroristas no necesitan de grandes fondos para atacar, a diferencia de atentados como el 11-S que sí requirieron una mucha financiación.

Nart ha puesto en valor el "esfuerzo de acercamiento" entre los distintos grupos políticos "en un asunto crucial y terrible" como es el terrorismo. "No puede tener nunca un uso sectario ni partidista, sino una contestación social lo más unificada posible", ha subrayado en un comunicado.

La Eurocámara aprueba 500 millones para

apoyar a la industria de defensa europea en

los próximos dos años

La Comisión de Industria e Investigación de la Eurocámara ha dado luz verde --por 49 votos a favor frente a 12 en contra-- al programa de ayudas a la industria de defensa europea para incentivar proyectos de desarrollo de capacidades, dotado de 500 millones de euros para 2019 y 2020.

El objetivo del programa es incentivar la cooperación entre países para desarrollar capacidades de defensa críticas y contribuir a "la autonomía estratégica" de acción de la Unión Europea.

El programa cubrirá la fase de desarrollo de los proyectos, desde estudios de viabilidad, el diseño de un producto, prototipos industriales, ensayos de prueba y la cualificación y certificación de un producto, pero en ningún caso cubrirá la producción ni la adquisición de equipos y tecnologías, que seguirá corriendo a cargo de los Gobiernos.

Los eurodiputados han reclamado además excluir el apoyo a proyectos relacionados con las armas de destrucción masiva, armas y municiones prohibidas, explosivos y armas plenamente autónomas de ataque sin control humano.

Sólo podrán optar a ayudas proyectos de consorcios en los que participen al menos tres compañías, públicas o privadas, de tres Estados miembro diferentes y exigen que ni estas ni las subcontratistas estén controlados por entidades fuera de la UE.

Los Veintiocho, cuando acordaron su posición negociadora en diciembre, reclamaron que participaran al menos tres empresas establecidas "como mínimo" en dos países diferentes de la UE y reclamaron que las empresas beneficiadas y sus subcontratistas no estuvieran "sujetos a control por parte de terceros países ni de entidades de terceros países". No obstante, abrieron la puerta a admitir a empresas controladas por países o empresas de fuera de la UE "de no haber sustitutos competitivos disponibles inmediatamente en la UE" y si hay "garantías suficientes" de que no irá en contra de los intereses de seguridad y defensa de la Unión.

El programa de ayudas cubrirá la totalidad del coste de los proyectos, con la excepción del desarrollo de prototipos, donde se cubrirá un máximo del 20% del coste.

También respaldan que los proyectos desarrollados en el marco de la Cooperación Permanente Estructurada en Defensa (PESCO) reciban un 10% adicional de cofinanciación y abren la puerta a financiación "adicional" bajo ciertas condiciones si se implican a pequeñas y medianas empresas.

Los eurodiputados también piden que expertos independientes de la UE del máximo número de países posible asesoren a la Comisión Europa a la hora de conceder las ayudas a la industria de la defensa europea para proyectos específicos, que supone un hito en la UE porque nunca antes se ha acordado presupuesto comunitario para equipos de defensa.

La duplicación de equipos, solapamientos y las barreras a la contratación en el sector de la defensa provocan pérdidas de 26.400 millones de euros anuales en la actualidad, según cifras de la Eurocámara.

La Comisión Europea propuso en junio crear un Fondo Europeo de Defensa dotado de hasta 5.500 millones al año a partir del 2021 --en su mayoría con aportaciones voluntarias de los Estados miembro-- para incentivar proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y adquisición conjuntos de capacidades militares entre los países de la UE, que contará con dos ventanillas, una para proyectos de investigación y otra para desarrollo de capacidades.

El Ejecutivo comunitario propuso contribuir por su parte 500 millones en 2019 y 2020 para cofinanciar prototipos industriales a través del Fondo y 1.000 millones al año a partir de 2021, así como otros 90 millones para investigación en los próximos tres años y 500 millones anuales a partir de 2021.

Las negociaciones entre los Veintiocho y la Eurocámara sobre el programa de ayudas a la industria de defensa comenzará después de que pleno del Parlamento Europeo vote la propuesta en marzo. La idea es comenzar a financiar los primeros proyectos en 2019.