En una resolución respaldada por una amplia mayoría de la Eurocámara (480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones), los eurodiputados han expresado también su firme condena por la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, y pedido a las autoridades venezolanas que recuperen las relaciones diplomáticas con Madrid.

En este sentido, han pedido "solidaridad total" con España y subrayado que las sanciones ya adoptadas contra Venezuela --congelación de haberes y prohibición de entrada en la UE para varias personas-- y cualquier otra medida en el marco de la política exterior europea son el resultado de una decisión "unánime" del bloque comunitario.

En cuanto a las sanciones, los eurodiputados proponen incluir en la lista de sancionados a Maduro y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, además de otros miembros del alto mando militar y del círculo cercano y familiar de los señalados.

Además, abogan porque los Veintiocho exploren medidas adicionales, incluido sanciones contra la petrolera estatal PDVSA, si no revierte la situación y continúan deteriorándose los Derechos Humanos en el país.

"Condenamos las últimas decisiones antidemocráticas del régimen de Venezuela y pedimos que se adopten medidas adecuadas contra la grave vulneración del principio de elecciones justas y democráticas", ha declarado el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, tras el voto celebrado en Estrasburgo (Francia).

"Solidaridad con los venezolanos que merecen dignidad, libertad y democracia", ha añadido Tajani, en relación a una resolución que también reclama la liberación inmediata de todos los presos políticos y condena las ejecuciones extrajudiciales de Óscar Pérez y otros seis agentes de la Policía rebeldes.

Los eurodiputados han reiterado la llamada de la UE para que se celebren en Venezuela elecciones basadas en un calendario electoral "viable", acordado en el marco del diálogo nacional con todos los actores y partidos relevantes y que respeten las condiciones de una participación "equitativas, justas y transparentes".

El Parlamento está dispuesto a enviar una misión de observación electoral a Venezuela, siempre que se cumplan las condiciones necesarias, según han apuntado los eurodiputados en la resolución aprobada, que también sirve para lamentar la decisión unilateral de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar elecciones en abril y el veto a la principal fuerza de oposición, la Mesa de la Unidad Democrática.

"No se deberían poner obstáculos ni condiciones para la participación de partidos políticos en las elecciones y las autoridades venezolanas tienen que restaurar los derechos de elegibilidad", ha considerado el eurodiputado de Cs Javier Nart.

El 'popular' José Ignacio Salafranca, por su parte, ha pedido "alzar la voz" para denunciar los "nuevos intentos de socavar la soberanía" y fijar elecciones que no cumplen los "mínimos estándares democráticos" y sólo servirán para "empeorar" la situación política, humanitaria y de Derechos Humanos.

En contra de la posición adoptada por la Eurocámara ha votado la Izquierda Unitaria Europea, entre cuyos miembros están Izquierda Unida y Podemos. "La Unión Europea, con esta posición, con la imposición de nuevas sanciones, con estar siempre del lado de una parte de la oposición venezolana, está saboteando las normas más esenciales del funcionamiento de un Estado soberano", ha argumentado el eurodiputado de IU Javier Couso.

La fiscal del TPI abre un examen preliminar

sobre la situación en Venezuela

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha anunciado este jueves la apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela desde abril de 2017 ante el presunto uso excesivo de la fuerza por el Gobierno y la actuación violenta de algunos manifestantes.

Según ha explicado en un comunicado, desde 2016 ha estado siguiendo "de cerca" la situación en el país, que es parte del Estatuto de Roma por el que se creó el TPI, y tras "una revisión cuidadosa, independiente e imparcial" de comunicaciones e informes sobre "presuntos crímenes que potencialmente estarían bajo la jurisdicción" del tribunal, ha decidido que procede la apertura de un "examen preliminar".

En concreto, se analizarán "los crímenes presuntamente cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones y la inestabilidad política relacionada", ha indicado Bensouda.

"Se ha denunciado que las fuerzas de seguridad del Estado han hecho con frecuencia un uso excesivo de la fuerza para dispersar y disolver las manifestaciones, y detenido a miles de miembros reales o percibidos de la oposición, algunos de los cuales han sido presuntamente objeto de graves abusos y maltratos bajo arresto", ha indicado la fiscal.

Asimismo, ha agregado, también se ha informado de que "algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que tuvo como resultado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran muertos o heridos".

Bensouda ha recordado que corresponde a la Justicia del país investigar y procesar a los responsables de crímenes internacionales y ha dejado claro que el "examen preliminar no es una investigación" sino un proceso por el que se busca determinar si hay "base suficiente para abrir una investigación" propiamente dicha.

La fiscal ha indicado que su oficina se pondrá en contacto con las autoridades venezolanas pertinentes para "discutir y evaluar cualquier investigación y procesamiento relevante" a nivel nacional y también tendrá en consideración "todas las opiniones y puntos de vista que le sean remitidos durante el examen preliminar" y que cumplan con lo estipulado en el Estatuto de Roma.

Por el momento no hay un plazo fijado para que la fiscal decida o no abrir una investigación formal sino que, ha indicado, los procedimientos a seguir se irán tomando en base a la información recabada y las necesidades identificadas.

Por último, Bensouda ha aprovechado para recordar la "plena independencia e imparcialidad" de su oficina en esta labor y ha confiado en contar con "el pleno compromiso" de las autoridades venezolanas.