En el proyecto de recomendación, al que se han presentado 281 enmiendas y
que se votará a finales de febrero, los eurodiputados instan a los Gobiernos europeos a "establecer un sistema de supervisión para garantizar que mezquitas, asociaciones culturales y organizaciones similares aporten información de cómo se distribuyen los fondos que reciben, tanto dentro como fuera de la UE" y piden que "todas" las transacciones enviadas se registren en una base de datos centralizada, así como un control obligatorio "ex ante" de las fuentes de financiación y de su destino en el caso de las asociaciones caritativas para impedir su distribución "maliciosa o negligentemente por motivos terroristas".

El control de las mezquitas es uno de los puntos más sensibles, especialmente para los socialistas y verdes.

La eurodiputada socialista portuguesa Ana Gomes ha presentado una enmienda para retirar el término mezquita y pedir un sistema de supervisión "para garantizar que las asociaciones religiosas, sociales y culturales y organizaciones similares" aporten información sobre su financiación "cuando sean sospechosas de mantener vínculos con grupos terroristas".

También el eurodiputado verde alemán Klaus Buchner ha reclamado en otra enmienda eliminar el término y ha planteado obligar a dar información a "las instituciones religiosas, asociaciones culturales y entidades similares" en "casos con pruebas claras y concretas de sus vínculos con actividades terroristas".

Desde el grupo de la Izquierda, no se ha cuestionado tanto el control de las mezquitas en sí ha reclamado, a través de una enmienda del eurodiputado de Podemos Miguel Urbán, que en paralelo se garanticen "programas específicos" para "combatir la Islamofobia".

Desde del Partido Popular Europeo, el eurodiputado sueco Lars Adaktusson, ha dejado claro durante el debate que su grupo está "a favor" de supervisar la financiación de "mezquitas y organizaciones islámicas por parte de terceros países" y su "prohibición" si se utilizan para alentar acciones terroristas frente a una "mayoría" a favor de suprimir el control a las mezquitas.

De hecho, Adaktusson y varios eurodiputados del grupo de los Conservadores y Reformistas han planteado endurecer el texto para instar a los Gobiernos europeos a crear no solo sistemas de control sino de "autorización" también.

El eurodiputado de Cs ha alertado de que el "verdadero problema" en la actualidad es atajar la "microfinanciación" del terrorismo yihadista tras recordar "la tragedia de Niza o de Barcelona se realizó con escasos medios económicos" y no con "una macrofinanciación" como fue el caso de los atentados contra las Torres Gemelas, eso sí buscando el equilibrio "absolutamente necesario" para proteger los derechos fundamentales y evitar el aumento de la islamofobia.

Nart ha recordado que el objetivo es "proponer" a la Comisión una normativa "realizable" para atajar el problema y ha agradecido el consenso muy mayoritario de los grupos sobre una propuesta "extraordinariamente sensible" peor "absolutamente necesaria".

En el proyecto de texto, los eurodiputados también piden a los Gobiernos europeos "regular" la hawala para obligar a declarar todas las transacciones y a registrar a todos los intermediarios implicados ante las autoridades relevantes y que impongan "penas disuasorias" para los que facilitan transacciones sin declarar.

Asimismo, instan a la Comisión a proponer normas para "impedir" que compañías e intermediarios que emiten el dinero electrónico puedan convertir los fondos para usuarios "no identificados plenamente". "El intercambio de dinero encriptado por dinero real y viceversa debe realizarse utilizando una cuenta bancaria identificable como requisito obligatorio", reclaman en el texto.

PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ANTITERRORISTA EUROPEA

Los eurodiputados también plantean crear una plataforma de inteligencia antiterrorista europea para "crear una base de datos conjunta" de transacciones sospechosas y personas físicas o jurídicas y mejorar el intercambio de inteligencia a través del Grupo de Acción Financiera y celebran la propuesta de la Comisión para facilitar el acceso transfronterizo para las agencias policiales y judiciales a los registros de las cuentas bancarias para "acelerar" la identificación de bienes de los terroristas en otro Estados miembro.

También piden a los Gobiernos medidas normativas para garantizar que los bancos controles las tarjetas de debido para que solo puedan recargarse a través de una cuenta bancaria y la creación de un sistema europeo de rastreo de la financiación del terrorismo como existe en Estados Unidos.