La resolución, cuyo contenido fue acordado de antemano por los principales grupos de la Eurocámara --populares (PPE), socialistas (S&D), liberales (Renovar Europa) y Reformistas y Conservadores (ERC)--, ha sido aprobada sin ningún cambio, por 455 votos, 85 en contra y 105 abstenciones.

Se trata de la primera resolución sobre Venezuela que aprueba la Eurocámara en la nueva legislatura tras condenar la represión en el país en una decena de resoluciones en la pasada legislatura.

En el texto aprobado, la Eurocámara ha condenado la represión y violencia "feroz", así como "el uso de las detenciones arbitrarias, la tortura y los asesinatos extrajudiciales" a la luz del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

También ha denunciado "la responsabilidad directa de Nicolás Maduro, así como de las Fuerzas Armadas y del servicio de Inteligencia" en el "uso indiscriminado de la violencia para reprimir el proceso de transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho" en el país y ha exigido el cese "inmediato" de las violaciones de Derechos Humanos.

El informe de Bachelet, recuerda el texto, cifra en casi 7.000 las ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad en Venezuela en los últimos 18 meses y constata el recurso a la tortura de forma rutinaria por parte de los aparatos de seguridad e Inteligencia del régimen SEBIN y DGCIM, así como la persecución política a la oposición.

Los europarlamentarios se hacen eco en la resolución del caso del capitán de corbeta Rafael Acosta, que fue "arrestado y torturado por un supuesto plan de asesinato contra Nicolás Maduro y murió mientras estaba en custodia", así como del caso del joven de 16 años Rufo Chacó, que perdió un ojo por disparos de las fuerzas de seguridad cuando protestaba a principio de julio por la falta de gas.

En respuesta a la represión y las violaciones de Derechos Humanos, los eurodiputados han reclamado a los gobiernos europeos que impongan "sanciones adicionales" contra las autoridades "responsables de violaciones de los Derechos Humanos y la represión" para congelarles sus activos y prohibirles los visados a la Unión Europea, así como en el caso de sus "familiares más cercanos".

Los europarlamentarios han reclamado la puesta en marcha de "un mecanismo nacional independiente e imparcial con el apoyo de la comunidad internacional" para investigar las ejecuciones extrajudiciales y garantizar que los responsables rindan cuentas y que las víctimas sean compensadas y protegidas.

También han apoyado la creación de una comisión de investigación por parte de la oficina de Bachelet y han pedido a la UE y los gobiernos europeos que se sumen a la iniciativa en el Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar "los crímenes contra la humanidad cometidos por el Gobierno 'de facto' de Maduro".

Los eurodiputados han vuelto a cerrar filas con el presidente interino "legítimo" Juan Guaidó, al que han reiterado su "pleno apoyo", así como a la Asamblea Nacional y han cargado contra la revocación de la inmunidad diplomática de 22 de sus diputados y el encarcelamiento de otros dos, insistiendo en la necesidad de restaurar sus poderes y prorrogativas constitucionales.

Aunque han respaldado las negociaciones entre el Gobierno y la oposición auspiciadas por Noruega porque sólo cabe "una solución pacífica, democrática e inclusiva" a la crisis venezolana, han dejado claro que "su único objetivo" debe ser crear las condiciones para permitir unas "elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles".

En este sentido, exigen "un calendario claro" para ello y que se garanticen las "condiciones justas para todos" y que permitan que observadores internacionales puedan supervisar el proceso electoral y piden a la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, que continúe la cooperación con el Grupo de Contacto Internacional y los países del Grupo de Lima.

También han alertado del preocupante deterioro humanitario sobre el terreno y han reclamado a las autoridades 'de facto' que permitan la distribución de la ayuda humanitaria sin politizarla y que garanticen la disponibilidad de alimentos y medicinas teniendo en cuenta la "situación de emergencia severa" que vive Venezuela.

Asimismo, han pedido a la Comisión que aporte "más recursos" para los vecinos, especialmente Colombia, Ecuador y Perú, ante el agravamiento de la crisis de refugiados.