La Autoridad Palestina se convertirá en el miembro número 123 del Tribunal Penal Internacional (TPI) este miércoles, un importante paso que podría trasladar el largo conflicto que mantiene durante décadas con Israel a La Haya.

   La pertenencia de los palestinos supone un gran dilema para Israel que puede quedar atascado en el marco legal a menos que haga un importante cambio de política mediante la cooperación, o incluso uniéndose a la institución, que nació bajo los principios de los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis.

   "El TPI puede solicitar la comparecencia ante el tribunal y emitir órdenes de detención. Si un país no responde, se hablará mucho de él", ha declarado un funcionario palestino. "El ataque de pánico que hemos visto (desde Israel) sugiere que no somos los únicos en tomar al tribunal seriamente", ha añadido.

   Los beneficios de firmar Estatuto de Roma, tratado fundacional del TPI, incluyen inmunidad diplomática para los funcionarios gubernamentales que trabajan con el tribunal, la revisión de los casos y el derecho a designar a los jueces.

   Desde el 1 de abril, el TPI tendrá jurisdicción automática sobre cualquier crimen cometido en el territorio que controla la Autoridad Palestina. Además ha recibido permiso para examinar los hechos desde el 13 de junio de 2014, poco antes de la última ofensiva militar israelí en Gaza. Se espera que varias ONG vinculadas a los palestinos presenten argumentos legales e informes con pruebas al tribunal en los próximos días o semanas.

   Por otro lado, desde el momento en que los palestinos se unan, los fiscales ganarán el derecho de investigar cualquier presunto delito en el lado palestino, incluso contra la voluntad de sus dirigentes. Ese riesgo quedó más a la vista la semana pasada tras la publiación de un informe de Amnistía Internacional que detallaba presuntas violaciones de Derechos Humanos por parte de los palestinos contra israelíes durante el conflicto de Gaza.

   Israel está en desacuerdo con el TPI, del que no es miembro, y tampoco planea cooperar con los investigadores que ya examinan los posibles crímenes de ambas partes durante la guerra de este verano. Palestina anunció la solicitud para ser miembro el 31 de diciembre.

ACTITUD DE ISRAEL

   Un caso basado en Israel y Palestina examinaría los actos en el campo de batalla del Ejército de Israel y los milicianos palestinos en Gaza, pero también podría considerar los asentamientos israelíes en el territorio ocupado deseado por los palestinos.

   Algunos expertos han señalado que Israel podría no bloquear la investigación, pero sí podría detener que lo procesen a través de iniciar sus propias investigaciones sobre la conducta de sus soldados, de obstruir las pesquisas, y en última instancia de negarse a entregar a los sospechosos.

   Funcionarios israelíes dicen que la pertenencia palestina al TPI, que también ha provocado las críticas de Estados Unidos, quien tampoco pertenece al tribunal, debilita las posibilidades de paz. Sin embargo, la oposición israelí se ha pronunciado menos durante los últimos días porque espera las instrucciones del recién reelegido primer ministro, Benjamín Netanyahu.

   Los fiscales que conducen una investigación preliminar sobre presuntos crímenes cometidos en el conflicto de Gaza caminan sobre una línea muy delgada para determinar si abren una investigación completa. "Si tomamos una decisión precipitada seremos acusados de prestar especial atención a Israel", ha dicho uno de los fiscales. "Pero si nos tomamos demasiado tiempo, seremos acusados de tener miedo a Israel y a Estados Unidos", ha añadido.

LENTA JUSTICIA

   Son pocos los que esperan una decisión rápida. En los 13 años desde que se estableció el tribunal, investigar crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad en situaciones donde las autoridades locales no están dispuestas o no son capaces de intervenir supone más de un año.

   Los fiscales han examinado casos en más de 20 países y han abierto una investigación oficial en solo ocho de ellos. Además, solo ha concluido tres de los casos. Los fiscales tienen la obligación de examinar cualquier material presentado ante el tribunal por cualquiera de las partes.

   La negativa de Israel a cooperar podría frustrar cualquier intento por parte del TPI de investigar o juzgar a los ciudadanos israelíes, un problema que enfrenta la investigación del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta.

   En cualquier caso, los expertos esperan que la investigación se base en supuestos crímenes cometidos por ambas partes. "Si los fiscales abren una investigación formal, serán muy cuidadosos de elegir un área donde solo se investigue a Israel", ha explicado el profesor de Derecho, Jon Heller.