El organismo ha indicado en su informe 'Crisis de Estado, violación de derechos humanos en Bolivia', recogido por el diario boliviano 'La Razón', que la intervención del Ejército y la Policía contra las protestas se saldaron con 20 fallecidos y centenares de heridos.

Los incidentes tuvieron lugar entre el 15 y el 19 de noviembre, días después de que el expresidente Evo Morales dimitiera el 12 de noviembre tras las polémicas elecciones del mes anterior y de que Áñez asumiera el cargo de forma interina tras una vacancia en el poder.

Durante los mismos, la Policía y el Ejército la emprendieran con los partidarios del expresidente, que se atrincheraron en las zonas aledañas a la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El Gobierno, que negó que las fuerzas del orden disparasen sus armas de reglamento, decidió ante la ola de protestas emitir un decreto que eximía a los militares que participaban en las represiones de las manifestaciones de cualquier responsabilidad penal. Finalmente, tuvieron que dar marcha atrás tras las denuncias que se produjeron tanto dentro como fuera del país.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha manifestado que en Sacaba y Senkata "se constituyeron en masacres, al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática, en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad".

Asimismo, ha recogido dos muertes el 30 de octubre y el 12 de noviembre en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, que caerían bajo las mismas consideraciones. "Al tener las características ya descritas, también constituyen asesinatos bajo la modalidad de lesa humanidad", sostiene.

El texto recoge además tres muertes en conflictos en La Paz tras la renuncia de Morales y en el marco de las protestas a favor de la bandera wiphala, ultrajada por seguidores de la oposición al expresidente. La Defensoría del Pueblo ha destacado que igualmente "se constituyen en asesinatos de lesa humanidad".

Por otra parte, ha destacado que "la Policía, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción" con el objetivo de ocultar las responsabilidades.

La Defensoría Pública ha detallado que entre estos actos figuran "el amedrentamiento de testigos y víctimas, la alteración de la escena del crimen, la desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos".

"ELUDIR O MINIMIZAR LA RESPONSABILIDAD"

Además, ha criticado las declaraciones desde el Gobierno para quitar responsabilidad a las fuerzas de seguridad y ha manifestado que las mismas ponen en "riesgo la independencia de los operadores de justicia" y "tienen como fin eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones de los Derechos Humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto".

En otro orden de cosas, ha advertido del riesgo existente para el Estado plurinacionalidad debido a una polarización política "basada en posturas radicales y conservadoras", discriminación, racismo y "vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la Biblia como elemento central del Estado" por parte del Ejecutivo de Áñez.

Por ello, ha lamentado que "no ha existido ni existe un proceso de pacificación real en el país" y ha agregado que "la persecución a ultranza de opositores políticos, la violación sistemática de los Derechos Humanos y el manto de impunidad sobre éstas no permitirán restablecer la paz y armonía en el Estado".

El organismo ha reclamado además a la Fiscalía que investigue las masacres en Sacaba y Senkata y ha solicitado a la Asamblea Legislativa la creación de una Comisión de la Verdad "independiente" para "investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los Derechos Humanos durante el conflicto".

Morales presentó su dimisión tras la publicación del informe preliminar de la auditoría electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que se reflejan graves irregularidades en las elecciones, que en principio le otorgaron la reelección.

El entonces presidente anunció su decisión tras la pérdida de apoyos clave y por los pronunciamientos del Ejército y la Policía y desde entonces ha denunciado la parcialidad de la OEA y ha negado que hubiera irregularidades en la votación, al tiempo que ha cargado contra Áñez, quien finalmente se presentará a los comicios previstos para el 18 de octubre.