La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado una sentencia en la que ratifica la actual frontera marítima entre Chile y Perú en las 80 primeras millas en paralelo desde la costa y concede nueva soberanía a Perú trazando una nueva línea fronteriza oblicua en dirección suroeste desde que terminan estas 80 millas hasta el límite de las aguas territoriales, a 200 millas de la costa.

   Con esta decisión, los principales caladeros de la zona continuarán bajo soberanía de Chile para alivio de los pescadores de bajura chilenos. En concreto, la sentencia reconoce una frontera desde la referencia conocida como Hito 1, recogido en el Tratado de Ancón de 1929, siguiendo el paralelo desarrollado hacia el oeste a partir de ese punto, pero sólo hasta 80 millas mar adentro.

   En cambio, reconoce parcialmente las reivindicaciones de Perú, puesto que a partir del punto en el que esa línea fronteriza llega a las 80 millas, fija un cambio de dirección hacia el suroeste que se desarrolla en línea recta hasta alcanzar las 200 millas que fija la legislación internacional para las aguas internacionales de cualquier país.

   El fallo ha sido leído en su totalidad por el presidente de la CIJ, Peter Tomka, desde las 15.00 horas (hora de La Haya) y en él se recoge que las declaraciones de 1947 "no son concluyentes", pero que el tratado de 1954, que Perú considera un mero acuerdo pesquero sin implicaciones de soberanía, es "vinculante".

   Lo firmado en 1954 representa "frontera a todos los efectos" y no sólo pesquera, ya que los tres suscribientes lo reconocen como un acuerdo internacional vinculante. "La frontera marítima a lo largo de un paralelo se extiende al menos hasta aquella distancia, en donde se realizaban actividades", explica la sentencia, motivo por el cual concede a Chile la conservación de la actual frontera en sus 80 primeras millas.

   La sentencia, que ha sido aprobada con 15 votos a favor y uno en contra, es inapelable. Tanto el actual presidente peruano, Ollanta Humala, como el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera, y su sucesora, la presidenta electa Michelle Bachelet, se han comprometido a acatar y ejecutar el dictamen de la CIJ.

   La demanda fue presentada en 2008 por Perú, presidido entonces por Alan García con la intención de que se le concediera la soberanía sobre un triángulo de 37.500 kilómetros cuadrados de aguas territoriales controladas por Chile desde la guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Bolivia perdió su acceso al mar.

   Para Perú, su frontera marítima con Chile no estaba definida, mientras que para su vecino sí lo está desde que ambos países suscribieron los acuerdos de 1952 y 1954. Lima consideraba que estos tratados son solo convenios suscritos para regular las faenas pesqueras.