Fuentes conocedoras del proceso indicaron a Europa Press que los hechos que se investigan corresponden a las fuertas subidas que experimentó el mercado mayorista de la electricidad, conocido como 'pool', entre el 5 y el 8 de diciembre, esto es, en pleno puente de la Constitución.

Estos días, los precios de la electricidad rebasaron la cota de los 90 euros por megavatio hora (MWh), unos niveles desconocidos desde comienzos de siglo, en un contexto de menor contribución de las energías renovables e indisposición de algunos grupos térmicos.

Las fuentes señalan que Iberdrola es la única compañía eléctrica a la que se abre expediente sancionador. El proceso se inicia ante el posible incumplimiento de lo establecido en el artículo 60.a.15 de la Ley del Sector Eléctrico por parte de la empresa Iberdrola Generación, filial de Iberdrola de generación eléctrica.

La sanción a la que puede enfrentarse la compañía asciende a un máximo de 30 millones de euros, ya que las prácticas investigadas se consideran "muy graves" dentro de la regulación. La decisión de incoar el expediente sancionador fue adoptada en una reunión celebrada ayer por el consejo de administración de la CNMC.

Fuentes de la CNMC consultadas por Europa Press eludieron realizar declaraciones acerca de esta investigación en curso y no precisaron el contenido de la investigación. Además, insistieron en que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado de la investigación.

A partir de ahora, la CNMC dispone de un plazo de 18 meses para resolver el proceso, que ha pasado a la segunda fase de investigación, al considerar que existen indicios de irregularidades. A partir de este momento, Iberdrola deberá responder a los requerimientos formales del regulador.

PRECIOS DEL 'POOL' EN DICIEMBRE.

La tensión en el mercado eléctrico a comienzos de diciembre continuó hasta el 19 de diciembre, cuando se celebró la subasta Cesur para fijar la tarifa eléctrica del primer trimestre de 2014.

El resultado de la puja habría provocado un incremento de tarifas del 11% si el Gobierno no hubiese intervenido para atemperar el encarecimiento y fijar un precio de 48 euros por MWh para el primer trimestre del año.

Ante estos sucesos, la CNMC abrió dos expedientes, el primero de ellos el 10 de diciembre, que es al que se refiere el expediente sancionador ahora anunciado. Al investigar lo sucedido en ese momento, se detectó que Iberdrola no había documentado adecuadamente sus actuaciones.

Al margen de este expediente, la CNMC realizó otro sobre lo sucedido en la subasta del 19 de diciembre, que se cerró sin hallarse evidencias de comportamientos irregulares y con la conclusión de que en la puja no hubo presión competitiva suficiente