El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, ha cuestionado que "la situación en Ecuador sea tan extrema como para amenazar la integridad del Estado", rechazando "que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos" al considerar que se trata de "libertades muy importantes".

La CIDH, por su parte, ha expresado su preocupación por el "uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en Ecuador, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales". "Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", ha indicado en Twitter.

La Cruz Roja ecuatoriana también ha acudido a la red social para denunciar "agresiones" contra "el personal humanitario que brindaba atención pre hospitalaria en las ambulancias" de la organización.

Moreno decretó el jueves el estado de excepción en todo el país para garantizar "el orden, la tranquilidad y la seguridad" frente al "caos" que, según el Gobierno, ha generado la ola de protestas desatada en contra del último paquete de reformas económicas, que plantea la eliminación de las ayudas al consumo de combustible y la liberalización de precios.

El Gobierno enmarca el conocido ya como "paquetazo" dentro de sus esfuerzos para reducir el déficit fiscal, que se estima actualmente en los 3.600 millones de dólares. El objetivo de Moreno, que en febrero firmó un acuerdo de 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pasa por reducir el déficit hasta los 1.000 millones de dólares en 2020.

El Comité de la ONU, que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también ha atribuido el "paquetazo" al acuerdo con el FMI, si bien ha matizado que "lo que el Gobierno llama 'Plan Prosperidad' es en realidad un plan de ajuste estructural", de acuerdo con un comunicado.

LA OFICINA REGIONAL DEL ALTO COMISIONADO PIDE DEFENDER EL DERECHO A MANIFESTARSE

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido en un comunicado a las autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad defender el derecho a manifestarse "pacíficamente" en el país.

Así, ha instado a que se protejan los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos, entre otros, los reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

"Al resguardar el derecho a la manifestación pacífica, la Policía tiene el deber de identificar a las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico", señala el texto.

La Oficina Regional ha recordado así a las autoridades que el uso de la fuerza debe aplicarse en casos excepcionales y cumplir con las normas internacionales de Derechos Humanos como los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad.

"Cualquier forma de privación de la libertad de manifestantes por parte de las autoridades también debe cumplir con los estándares establecidos por el Derecho Internacional", recoge el documento.