La CIDH ha explicado en un comunicado que solicitó permiso al Gobierno de Ortega "para realizar una visita para observar en terreno la situación de Derechos Humanos" y éste respondió el pasado 1 de mayo a través de una carta en la que pide al organismo regional aguardar a que se agoten los procesos internos.

Por estos procesos internos el Ejecutivo se refiere a la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz creada en el seno del Parlamento, de corte oficialista. La CIDH ha expresado su preocupación por la "falta de credibilidad" de la misma entre los ciudadanos nicaragüenses.

El Gabinete ha esgrimido también que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha conformado un Comité de Víctimas para "recibir las denuncias, investigar, determinar responsabilidades y establecer los castigos y las reparaciones que establece la ley".

Además, han añadido las autoridades nicaragüenses en su misiva, la Fiscalía investiga las muertes de civiles y policías. El último balance recogido por la prensa local eleva a 45 los muertos y habla de decenas de heridos y detenidos. La CIDH ha denunciado que, según la información recibida, a los primeros se les habría negado la atención médica de urgencia y los segundos habrían sido maltratados.

"La falta de claridad en el número exacto de personas detenidas y posteriormente liberadas, dificulta verificar el número de personas cuyo paradero se encuentra desconocido", ha apostillado la presidenta de la CIDH, Margarette Macaulay, en un comunicado.

En este contexto, la CIDH ha optado por instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para hacer un "estrecho seguimiento" de todas las iniciativas estatales para que se desarrollen conforme a los "estándares internacionales".

No obstante, ha reiterado su petición para visitar Nicaragua, dado que "continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones".

"La CIDH observa que Nicaragua se ha cerrado al escrutinio internacional en materia de Derechos Humanos desde hace años", ha reprochado y ha instado a Ortega a acabar con esta actitud por considerar que "contribuirá al establecimiento de un diálogo constructivo" en la nación centroamericana.

DIÁLOGO "SIN LIMITACIONES"

Las protestas comenzaron en abril con la reforma de la seguridad social como detonante pero se extendieron rápidamente entre la población ampliando el pliego de demandas. Fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad, que llegaron a usar fuego real contra manifestantes desarmados.

Ante la crítica interna e internacional por la desproporción en el uso de la fuerza, Ortega anunció un diálogo nacional que contará con la mediación de la Conferencia Episcopal nicaragüense. Sin embargo, todavía no se ha establecido un calendario ni se han pactado los temas a tratar.

La oposición, los manifestantes y los propios obispos han fijado como prioridad de este diálogo nacional la "democratización" de Nicaragua. La vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, ha ratificado este viernes la "absoluta disposición" del Gobierno a negociar "sin limitaciones" y "con el corazón abierto".