La ley ha salido adelante con 131 votos a favor y 71 en contra, tras más de seis horas de debate. Hace unos días, la medida ya había conseguido el visto bueno del Senado. Ahora solo falta que sea promulgada por el Gobierno.

   Según informa la agencia oficial Télam, para lograr la aprobación de la medida, el Frente para la Victoria de la presidenta ha sumado a sus 117 votos los de aliados de Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Frente por la Inclusión Social, el Movimiento Solidario Popular, el PJ La Pampa y el radical disidente Eduardo Santín.

   La norma aprobada supone la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.

   Al frente de la AFI habrá un director y un subdirector general que serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que "el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional".

   La nueva agencia mantendrá el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales que pasará a depender de la Procuración General de la Nación. Según la ley, será este último organismo el encargado de realizar escuchas telefónicas, aunque deberá hacerlo solo a petición de juez.

   En cuanto al papel de los agentes de la nueva AFI, tendrán prohibido funcionar como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo "por pedido expreso del juez en una causa determinada". Otro punto importante de la nueva ley es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.

CASO NISMAN

   La muerte de Nisman, que apareció con un disparo en la cabeza en su apartamento, se produjo días después de que el fiscal encargado de investigar el atentado contra la AMIA en 1994 que dejó 85 muertos hubiera acusado a la presidenta y su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros, de haber encubierto a los autores iraníes de dicho atentado.

   De hecho, el fiscal Gerardo Pollicita, que ha tomado el relevo a Nisman, ha imputado a Cristina Fernández, basándose en la denuncia presentada por el difunto fiscal cuatro días antes de su muerte. En concreto, Pollicita ha hecho suyos los cargos que Nisman barajaba apuntando a los delitos de encubrimiento, con una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, "impedimento o estorbo del acto funcional", con entre 15 días y seis meses, e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", con entre un mes y dos años.

   Por otra parte, desde el Gobierno se respaldó en un primer momento la tesis del suicidio, pero posteriormente la presidenta apuntó a que el fiscal podría haber sido asesinado y señaló, aunque no directamente, a los servicios de Inteligencia.

   Desde la Casa Rosada se ha acusado al ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio Stiusso de proporcionar información falsa a Nisman para que denunciara a la presidenta. Este miércoles, el abogado de Stiusso anunció que el exagente ha abandonado el país tras recibir amenazas.