La revisión del convenio permitirá no solo ampliar el número de viviendas, sino también el ámbito de aplicación del fondo, según ha informado el Ministerio de Economía y Competitividad.

   Esta incorporación de 3.000 viviendas equivale a ampliar en un 50% la dotación del FSV, que alcanzará los 9.000 pisos. La ampliación del fondo es fruto de los encuentros mantenidos sobre este asunto entre el Ministerio de Economía y los representantes de los principales bancos españoles.

   Hasta ahora, el fondo social contaba con un parque de casi 6.000 viviendas, de las que menos de la mitad se ha alquilado. El FSV se creó en 2013 con pisos en manos de la banca para ponerlos a disposición de familias en especial situación de vulnerabilidad que hubieran sufrido desalojos por impago de sus correspondientes hipotecas a partir del 1 de enero de 2008.

   Las condiciones de estos arrendamientos aportados por un total de 33 entidades incluyen una renta de alquiler que oscila entre los 150 euros y los 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar, y una duración de dos años, ampliables a otro más.

   Para acceder a esta medida, el conjunto de los ingresos mensuales de la unidad familiar no puede superar el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (1.597 euros conforme al IPREM actual) y  ninguno de los miembros de la unidad familiar puede disponer de vivienda en propiedad.

PERFIL DE LAS FAMILIAS.

   Las viviendas del FSV se destinan principalmente a las familias numerosas, monoparentales con dos o más hijos a cargo, con algún miembro discapacitado, sin ayudas por desempleo o que incluya a algún miembro víctima de violencia de género.

   En febrero, los creadores del FSV decidieron prorrogar su aplicación un año más, hasta enero de 2016, tras dos años en vigor en los que se ha dado asistencia a 1.465 familias que se han visto en una situación vulnerable como consecuencia de la crisis.

    El Fondo se puso en marcha el 17 de enero de 2013 mediante acuerdo entre los ministerios de Economía y Competitividad, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Fomento, las principales entidades de crédito del país y sus asociaciones, la FEMP y la plataforma del tercer sector.