noti La Fiscalía Anticorrupción pedirá a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que condene a cuatro años y diez meses de cárcel al músico por falsedad documental y apropiación indebida, aunque plantea como alternativa que pague una multa de 13.924 euros por administración desleal.

   El ex director general  de la Sociedad Digital de Autores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, se sentará también en el banquillo de los acusados, donde se enfrentará a una petición fiscal del  cuatro años y diez meses de cárcel por un delito de apropiación indebida y otro de falsedad.

   El fiscal José Miguel Alonso reclama para el exdirector de los Servicios Jurídicos de la entidad Pablo Hernández Arroyo una pena de dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta.

   Además, solicita que el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras sea condenado a dos años de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 20.866 euros por administración fraudulenta.

  'Ramoncín', que el pasado 19 de septiembre volvió a los escenarios, siempre ha defendido que la SGAE le pagó por trabajos "reales" que fueron plasmados en contratos "válidos y lícitos". En este sentido, ha destacado que las facturas están justificadas, fueron aprobadas por la entidad y él declaró los ingresos a Hacienda.

"SALIDA ILEGÍTIMA DE FONDOS"

   En su escrito provisional de acusación, el fiscal señala que, "con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito", 'Ramoncín' y su amigo Rodríguez Neri, que "se prestó a darle su colaboración imprescindible" para su "ilícito fin" mediante la "posición decisiva que ostentaba en la SGAE, procedieron a la "elaboración e ideación de determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo".

   Para ello, concretaron cinco "hipotéticos negocios jurídicos", todos ellos "al margen de la deuda por importe de 121.159,72 euros" que, a fecha del 26 de junio de 2012, 'Ramoncín' mantenía con la SGAE por "los anticipos recibidos a cuenta de los derechos de autor".

   El primero de estos negocios consistió en la elaboración de un programa de televisión llamado 'El creador', por el que el cantante

cobró en septiembre de 2008 una factura de 10.100 euros a cambio de "unas páginas referidas" al proyecto que nunca fueron "objeto de desarrollo ni de expectativa de beneficio alguno para la sociedad pagadora", que fue la filial de la SGAE Portal Latino.

LA HERRAMIENTA PARA STEVE JOBS

   La sociedad mercantil Jupiter Music, de la que 'Ramoncín' era administrador único, también cobró 5.800 euros en diciembre de 2009  de la SDAE por el "estudio, desarrollo y puesta en funcionamiento"  de un sistema de protección de archivos llamado 'La caja fuerte virtual'. En su declaración ante el juez, en enero de 2013, el músico defendió que, de haber vivido en Estados Unidos, esta herramienta se la habría "vendido a Steve Jobs". "Como vivo en España, se la vendí a la SGAE", defendió.

   La SDAE también abonó a la sociedad de 'Ramoncín' dos facturas por un total de 28.050 euros en diciembre de 2010 y marzo de 2011 por la redacción de las "líneas directrices" del programa de televisión  '¿Hablamos el mismo idioma?'. Las dos partes firmaron un contrato que se encontró en la casa de Rodríguez Neri a pesar de que no figuraba en los archivos de la SGAE, "en los que únicamente aparecía una copia sin firmar de un borrador de contrato", y que no estaba "amparado" en ningún acuerdo adoptado con arreglo a los estatutos de la sociedad.

   Al margen de la participación de Rodríguez Neri, 'Ramoncín' elaboró en 2010 un proyecto de divulgación de los derechos de autor dirigido a la SGAE por importe de 6.962 euros que se desarrolló con el "beneplácito" de Loras y Hernández.

   Además, percibió presuntamente otros 6.490 euros como adelanto por la indemnización que la SGAE debía pagarle como resultado de una sentencia dictada en 2011 por el Tribunal Supremo.

   El entonces director de los servicios jurídicos autorizó el pago al entender "unilateralmente" que la resolución judicial era "perjudicial desde el punto de vista corporativo para la entidad de gestión". Para evitar que el Consejo de Dirección tuviese conocimiento de esta decisión, fijó la cuantía en 5.500 euros, que se incrementó en 990 euros al aplicarle el 18 por ciento de IVA, según el Ministerio Público.

cia