El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha tildado de "inconstitucional" la posibilidad de que las comunicaciones entre un abogado y su cliente sean intervenidas y ha añadido que estas prácticas "repugnan al sentido común" y hacen que los ciudadanos pierdan la confianza en el Estado de Derecho.   

 La Abogacía ha salido en defensa de los letrados, después de que los abogados de la acusación del juicio por las escuchas de la Gürtel hayan "echado de menos" su apoyo cuando el magistrado Baltasar Garzón vulneró, a su juicio, su derecho de defensa al autorizar grabar las comunicaciones entre los imputados de la trama y los letrados.   

 El CGAE ha reprobado en un comunicado estas actuaciones al suponer "un instrumento ilegal de control de los poderes públicos" frente a "una de las más singulares manifestaciones de privacidad y derechos civiles".  

  En el caso del proceso desarrollado contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional, ha destacado que el Consejo "no se dedica a perseguir jueces ni a ser parte en juicios con una excesiva carga política y mediática", sino a defender el derecho fundamental de defensa.

  "No es lo mejor para la democracia ni para el Estado de Derecho que un juez se siente en el banquillo, pero todos los ciudadanos somos, debemos ser, iguales ante la ley", ha resaltado.

PIDE EVITAR JUICIOS PARALELOS  

 "Si queremos que la Justicia funcione bien, hay que procurar que actúe libremente en todo caso, preservar la presunción de inocencia de todo el mundo, evitar los juicios paralelos y acatar las resoluciones", ha señalado, para hacer a continuación un llamamiento a mantener el respeto a la Justicia y "no enrarecer el clima" en que los magistrados actúan.  

  En este contexto, la Abogacía ha solicitado la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que "evite para siempre problemas como los que estamos viviendo" y ha lamentado que este derecho incluido en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no saliera adelante en la pasada legislatura.  

  Por otra parte, el Consejo ha expresado un rechazo "radical" a las "imputaciones indiscriminadas a abogados del delito de blanqueo de capitales, realizadas sin razón y sin prueba alguna" al producir un "injusto descrédito" a todo el colectivo de abogados.

   "Resulta de extrema gravedad la confusión intencionada de la función del defensor con las actividades de su cliente, y que es constitucionalmente imprescindible para la protección de los derechos y para la paz social", ha agregado.   

 En el momento de tener conocimiento sobre la grabación de las comunicaciones de la trama Gürtel, ha recordado que la Abogacía ya manifestó que la violación del derecho de defensa y el secreto profesional constituye un "gravísimo atentado" contra el Estado de Derecho.