La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés, ha negado este martes que su Ministerio planee compensaciones para los registradores civiles y de la propiedad, que han asumido la gestión del nuevo Registro Civil electrónico, mediante un incremento de los actos registrables o la creación de tasas.

   En respuesta a preguntas formuladas por la senadora socialista Paula Fernández Pena durante una sesión de control al Gobierno ante la Comisión de Justicia de la cámara alta, la número dos del Ministerio ha concretado que hay que diferenciar "los deseos expresados por los registradores de la realidad que se plasmará en las leyes".

   Sánchez Cortés ha negado, además, que el Registro Civil vaya a ser "privatizado" o "regalado", como aseguraba la representante del PSOE y ha puesto de manifiesto que su gestión dependerá de un colectivo integrado por funcionarios públicos.

   Ha puesto de manifiesto que su atribución a los registradores permitirá desjudicializar el servicio para su mejor funcionamiento y agilidad con un coste cero para el ciudadano. "El gobierno ha añadido expresamente el carácter gratuito del Registro Civil en el Real Decreto Ley 8/2014", ha destacado.

   La secretaria de Estado ha respondido también a las acusaciones que apuntan a una posible destrucción de empleo del personal encargado en la actualidad de los registros. Ha indicado que los jueces destinados ahora en estos puestos volverán a ejercer sus funciones donde establezca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras que los secretarios judiciales y los funcionarios públicos quedarán adscritos al centro territorial de su localidad de destino.

   Sánchez Cortés ha ofrecido datos sobre el número de quejas formuladas por la labor de los registros y se ha remitido a los reflejados en la Memoria del CGPJ que cifra en 5.200 las formuladas en 2013.

   Por su parte, la senadora Fernández Pena ha asegurado que el Ejecutivo pretende introducir "compensaciones" al colectivo a través de enmiendas a distintas leyes. Ha mencionado, en concreto, la creación de una tasa de 75 euros para aquellos judíos sefardíes que inicien los trámites para obtener la nacionalidad española. "Y lo hacen todo rapidito no sea que pierdan el gobierno y se queden sin negocio", ha agregado.