Los sindicatos policiales y las asociaciones de jueces han considerado que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Consejo de Ministros no es más que "un brindis al sol" y que "ni soñando" será aprobada esta legislatura puesto que requiere de un amplio consenso por parte de las fuerzas políticas, según han manifestado en declaraciones a Europa Press.   

Así lo ha expresado el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, que ha dicho tener la sensación de que la nueva ley, que otorga al Fiscal la investigación de los hechos delictivos, es "un brindis al sol" que no saldrá adelante en lo que resta de legislatura ya que su aprobación requiere de "un debate bastante largo".   

 El SUP respalda que no se facilite la identidad ni las imágenes de los detenidos durante la fase de la investigación para preservar el derecho a la presunción de inocencia, aunque cree que, en la práctica, "no se va a poder evitar" que los nombres de presuntos terroristas o políticos corruptos salgan a la luz "por mucha Ley que se haga".

"Es una ley ineficaz", han remachado.  

  El portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), Alfredo Perdiguero, también ha criticado las prisas del Ministerio de Justicia por "sacar corriendo" una reforma tan profunda del proceso penal. "

Si se van a ir, ¿por qué no intentan sacar una buena ley consensuada, por qué quieren imponer algo que en muchos casos sólo favorece al detenido?", se ha preguntado.   

El sindicato policial también reprueba que la norma perjudica en muchos casos la investigación que llevan a cabo las Fuerzas de Seguridad y destaca que hacer público el nombre de los detenidos facilita a menudo el curso de las pesquisas. "Pueden aparecer más testigos o víctimas", ha explicado.

REFORMAR EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL

   Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha apoyado no comunicar el nombre de los investigados --este término sustituye al del actual imputado-- para salvaguardar su derecho a la presunción de inocencia y su intimidad. "Ahora la mayor parte de la población tiene la falsa idea de que una persona investigada es culpable", ha precisado.   

 Su portavoz José Luis Ramírez ve también razonable que se limite el ejercicio de la acción popular para sindicatos, partidos políticos o administraciones públicas ya que "ha habido bastantes excesos y abusos" y esta acusación se ha utilizado como "arma arrojadiza en causas en las que estaba implicado el partido adversario". A su entender, dar la instrucción penal al Ministerio Fiscal conlleva "un mejor" sistema judicial.

    Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero cree que las posibilidades de que la nueva LECrim salga adelante esta legislatura son "bastante escasas". "Una reforma tan profunda requiere de un mayor consenso, no hay meses suficientes para que pueda llegar a buen término", ha añadido.   

 Recuerda que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ya contempla que la instrucción sea reservada. "Lo que ocurre es que, como no hay una declaración expresa, no se aplica y se da la identidad de los detenidos", ha indicado, para mostrar su acuerdo con dar una mayor protección a la presunción de inocencia de los investigados.   

 No obstante, la asociación emplaza a reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar la independencia y no mermar el derecho a la tutela judicial efectiva.