"Si hay un político, un jefe o un superior que da una determinada orden para que no se actúe aún sabiendo que se están cometiendo hechos delictivos, eso puede ser responsabilidad de la persona que da la orden. Hay personas que están siendo enjuiciadas por ese tema, por ejemplo Trapero", ha subrayado Raimundo Prado, portavoz de la asociación, en declaraciones a Europa Press.

Prado ha recordado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también los Mossos d'Esquadra, "están para salvaguardar los derechos de los ciudadanos y para actuar cuando estén contemplando que existen actuaciones delictivas" como las que se vieron el pasado fin de semana cuando los CDR bloquearon la autopista AP-7 durante casi un día.

En este sentido, ha insistido en que en España existen "unas leyes, unas normas y una obligación de denunciar hechos delictivos" y que "cualquier persona puede hacerlo", al tiempo que las fuerzas de seguridad "tienen el mandato de velar por los derechos de todos los ciudadanos cuando se ven limitados por actos que no están permitidos", como ocurrió en la AP-7.

A la pregunta de si la actuación de los CDR sería competencia de los tribunales catalanes o si, por el contrario, los posibles delitos podrían ser estudiados en la Audiencia Nacional, Prado no ha querido aventurar ninguna posibilidad porque considera que el asunto debe ser objeto de un análisis más pormenorizado de los hechos ocurridos el pasado fin de semana.

TERRORISMO, FUERA DE CONTEXTO

A este respecto, el portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, Ignacio González Vera, sí ha descartado que deba hacerse cargo del caso la Audiencia Nacional, ya que, en su opinión, decir que la actividad de los CDR es terrorismo parecería "algo sacado de contexto", pues considera que en todo caso "podrían ser desórdenes públicos, aunque habrá que ver el caso concreto".

De este modo, González Vera entiende que "si es un problema de orden público corresponderá a las autoridades policiales identificarlos, detenerlos y entregarlos y ponerlos a disposición de la justicia".

Sobre las palabras del presidente de la Generatitat, Quim Torra, el portavoz opina que "son declaraciones desafortunadas", pero que "corresponden a la libertad de expresión en el contexto político".

Más contundente se han mostrado desde la Asociación Progresista Independiente de Fiscales (APIF), que ha remitido este lunes una carta a la fiscal General del Estado, María José Segarra, en la que le insta a ordenar "directamente" a los Mossos que actúen en Cataluña contra los disturbios provocados por los CDR, ya que sus responsables políticos no lo hacen.

"Le rogamos respetuosamente que, para garantizar debidamente que la Fiscalía no sea un apéndice más del Gobierno, sino el primer garante de los derechos de los ciudadanos, se adopten decisiones para que esta situación jamás vuelva a darse. Si las fuerzas policiales correspondientes no actúan por propia iniciativa, no tenemos que recordarle que V.E. puede darle ordenes directamente a sus jefes superiores", dice en su misiva.

IMPUNIDAD INCOMPRENSIBLE

La organización se refiere con "no poco descontento" a que "durante al menos 15 horas del día de antes de ayer, numerosas carreteras que unen la Comunidad Autónoma de Cataluña con otras limítrofes eran cortadas con total impunidad por componentes de los autodenominados CDR, mientras ninguna autoridad ni policial ni judicial hacía absolutamente nada".

"No podemos comprender cómo nadie procedió a identificar a los autores y a desmantelar esas barricadas, que impedían el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad deambulatoria a infinidad de familias que viajaban o a profesionales que hacían sus labores", afirman los fiscales.

Critican así que "ante conductas que parecen encajar perfectamente en delitos graves" no se entiende "cómo desde las jefaturas de las fiscalías afectadas y, en última instancia", desde la Fiscalía General del Estado, no se adoptaron "de manera inmediata medidas ante delitos que se estaban consumando a plena luz del día, a la vista de todos y difundidos en toda suerte de medios de comunicación" y emplazan a Segarra a "tomar decisiones" para que no vuelva a suceder.

Mientras, la portavoz de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, entiende que "es pronto" para pedir actuaciones a la Fiscalía General del Estado, en primer lugar, porque hay que dejar margen al Ministerio Público por si de 'motu proprio' decide tomar medidas y, en segundo, porque entiende que ante una situación que afecta a la seguridad ciudadana, los primeros que tienen que responder son la consellería catalana de Interior o, en su defecto, el Ministerio del Interior.

"Lo razonable y por una cuestión de seguridad ciudadana no es sólo poner el foco en la Fiscalía General del Estado, sino pedir a la Generalitat y al Ministerio del Interior que se mantenga el orden en Cataluña. Tendrán que hacer las actuaciones oportunas para que la situación no se desborde", plantea en declaraciones a Europa Press, para apuntar que quizá convendrían reuniones bilaterales.