La Operación Picnic, que investiga un presunto desvío de fondos desde el Ayuntamiento de Palma a la captación de nuevos militantes de UM y futuros votantes, centra parte de sus pesquisas en averiguar si la formación nacionalista, a través de la oficina municipal de Medio Ambiente que controlaba este partido, utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.    Así lo han señalado a Europa Press fuentes de la investigación, que han explicado que, pese a que por el momento no se ha determinado el número de personas que pudieron ser incluidas en estos listados sin que realmente asistiesen a las excursiones, varias de ellas han sido interrogadas por los investigadores acerca de estos hechos y en sus declaraciones han negado de forma rotunda haber participado en estas salidas, si bien sus nombres aparecían en las memorias justificativas.   

 Las indagaciones apuntan a que la intención de UM, con la supuesta intervención de la entonces coordinadora del área de Medio Ambiente, Paula Cortés -una de las detenidas en el marco de este caso-, era elevar en estos listados el número de excursionistas participantes con nombres presuntamente inventados, como también van también dirigidas a esclarecer si algunos de ellos pertenecen a personas que habrían muerto en el momento de los hechos o posteriormente.    Todo ello, según las pesquisas, con la finalidad de justificar la aportación de aproximadamente 300.000 euros que la Conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por Miquel Àngel Grimalt (UM), destinó esta legislatura a la oficina municipal, perteneciente a la Concejalía de Medio Ambiente al frente de la cual estaba Cristina Cerdó -arrestada por esta causa y en libertad bajo fianza de 300.000 euros- para concienciar a la población sobre este ámbito mediante excursiones y otras actuaciones. Las visitas se llevaban a cabo a varios lugares de Mallorca e incluso a la isla de Cabrera.  

  Sin embargo, las investigaciones postulan además que UM se habría servido de estas excursiones, al margen de utilizarse para la defensa del medio ambiente, para premiar la fidelidad de sus afiliados o reforzar su apoyo.

 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTISTA MIQUEL ARBONA  

  Otro de los puntos en los que hacen hincapié las indagaciones es la presunta manipulación del expediente de contratación del empresario de autocares de Sóller Miquel Arbona, también imputado, cuyos vehículos transportaban a los excursionistas. Las mismas fuentes han señalado que, a instancias de Cortés, al transportista se le instó a que presentara, además de su presupuesto, otras dos ofertas a fin de dar apariencia de concurrencia a su elección.   

 De este modo, el empresario invitó a participar a dos empresas "amigas", según los investigadores, que presentaron dos presupuestos superiores al de Arbona, de forma que finalmente fue la persona a quien se le adjudicó el servicio.   

 Cabe recordar que la operación, iniciada la semana pasada por orden del Juzgado de Instrucción número 8, indaga además si UM contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido. Unos hechos por los que podrían haberse cometido, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.   

 Estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos. Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente a la captación de afiliados para UM.