Así, Pere Antoni de Dòria, exdirector general de la entidad, y Josep Ibern, que lo sucedió en el cargo y posteriormente fue presidente de Caixa Laietana, deberán comparecer el 22 de enero junto a otros cinco directivos más a partir de las 10.00 horas, publica este lunes el diario "Ara".   

 Se trata de la primera vez que la cúpula directiva de una caja catalana está implicada en un proceso penal por este motivo, y los directivos deberán declarar "en calidad de imputados" y aportar a los tribunales toda la documentación relacionada con la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada.

   En la interlocutoria, Simarro ha indicado que en la venta de preferentes que realizó Caixa Laietana podría haber un delito de estafa, y apunta a que, pese a partir del caso particular de los seis particulares que la firman, la querella mantiene que esta práctica pudo ser generalizada.

RESPONSABILIDADES  

  En la comisión de investigación del Parlamento sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores de noviembre, el director general de Caixa Laietana entre 1976 y 2008, Pere Antoni de Dòria, acusó a Bankia de "falta de sensibilidad" en la gestión de los afectados por preferentes y deuda subordinada emitidas por la caja, y evitó asumir personalmente responsabilidades al respecto.

   ICV-EUiA y la CUP afearon a Dòria haber gastado 15.000 euros en un busto suyo para el consejo de administración y cobrar una pensión de 420.000 euros anuales de una caja nacionalizada -en su momento cobraba 600.000 euros sin la parte variable.  

  Por su parte, Ibern explicó que la comercialización de preferentes se hizo correctamente, y que él mismo compró más del máximo recomendado -adquirió participaciones por 59.000 euros, y sus ingresos personales eran de 170.000 euros anuales-, dinero que no recuperará: "Yo confiaba en Caixa Laietana y en el SIP, que creía que era el más interesante de España".  

  En lo referente a la decisión de canje de las preferentes por acciones de Bankia, que perdieron todo su valor en Bolsa, señaló que el equipo directivo de Laietana no tuvo "arte ni parte" en la resolución de conversión porque ya no tenía poder para ello ya que solo era un accionista de la entidad (con un 2,11% de Banco Financiero y de Ahorro, donde se agrupaban las siete entidades fundadoras de Bankia).

   Asimismo, defendió su indemnización de despido cuando dejó Caixa Laietana en 2012, de 550.000 euros, así como su plan de pensiones, de dos millones de euros, porque eran el resultado de una trayectoria de 27 años en la entidad, de forma que la indemnización era equivalente a 20 días por año trabajado, y el plan de pensiones a lo que estipula el convenio colectivo de cajas.