"Nuestro objetivo es evitar que un mecanismo que no va a reforzar sino minar el Estado de derecho en la Unión Europea al rebajarlo a un instrumento político", dice la declaración conjunta publicada por estos dos países tras una cumbre bilateral.

Los dos mandatarios se han reunido este mismo jueves para escenificar su alianza contra el acuerdo que sustentará el presupuesto europeo y que, aseguran, plantea problemas desde el punto de vista legal porque ignora otros instrumentos que ya existen en los Tratados de la UE para actuar en materia de Estado de derecho, como los artículos 2 y 7.

A este argumento ya respondió la víspera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un debate ante el pleno del Parlamento europeo durante el que defendió el acuerdo que hay sobre la mesa porque fue avalado por los líderes de la UE el pasado julio y retó a Budapest y Varsovia a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE en lugar de bloquearlo en su tramitación.

La Eurocámara, por su parte, también se mantiene firme del lado de lo acordado y hace una semana que emplazó a los Veintisiete a completar la adopción del paquete económico para poder iniciar su ratificación "tan pronto como sea posible".

"Los líderes del Parlamento europeo lamentan profundamente el retraso y recuerdan que el acuerdo alcanzado está cerrado y en ningún caso puede ser reabierto. No haremos más concesiones por nuestra parte", zanjaron con un comunicado los jefes de los grupos parlamentarios en la Conferencia de Presidentes del pasado jueves.

Pese a ello, Orbán y Morawiecki sostienen que la situación de bloqueo no es su responsabilidad sino "de quienes establecen un vínculo" entre el presupuesto europeo para los próximos siete años y el respeto del Estado de derecho, porque, insisten, desde el inicio de las negociaciones avisaron de que no aceptarían tal condicionalidad.

Además, argumentan que tras las negociaciones entre los gobiernos europeos y la Eurocámara para cerrar el paquete con el marco financiero plurianual y el fondo de 750.000 millones de euros "no está en conformidad" con lo que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea cerraron el pasado mes de julio.

El paquete económico que cerraron en las negociaciones los 27 y la Eurocámara incluye el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2021-2025, el pacto para establecer un mecanismo que vincule fondos europeos y Estado de derecho y la normativa que necesita la Comisión Europea para poder emitir la deuda con la que financiar el plan anticrisis.

Hungría y Polonia rechazan del plano el sistema por el cual la UE podría suspender el pago de ayudas europeas a aquellos países que han violado los principios del Estado de derecho, pero no pueden bloquearla porque la adopción de esta norma depende de la mayoría cualificada.

Sin embargo, conscientes de esta situación han optado por usar su poder de veto para poner en peligro los otros dos pilares, puesto que necesitan la unanimidad de todos los Estados miembros para salir adelante.