Las autoridades iraníes están ocultando deliberadamente la escala de la represión masiva contra los manifestantes, según ha señalado este miércoles en un comunicado la ONG Human Rights Watch (HRW) que ha instado al Gobierno de Irán a anunciar el número de muertos, arrestos y detenciones de las recientes protestas.

"El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros órganos internacionales tendrán que pedir a los funcionarios iraníes que rindan cuentas mientras el Gobierno de Irán no esté dispuesto a hacerlo", ha advertido el subdirector para Oriente Medio de HRW, Michael Page.

La organización ha pedido además a Irán que permita una investigación independiente sobre los presuntos abusos y que informe a los familiares de la ubicación de sus parientes detenidos, debido a que "las desapariciones forzosas ocurren cuando las autoridades detienen a un individuo y niegan la detención o no brindan información sobre sus circunstancias o su paradero".

"Doce días después de que las protestas comenzaran en Irán, las autoridades han rechazado proveer datos sobre las muertes y en su lugar han amenazado a los detenidos con la muerte", ha criticado Page.

"Han mantenido a la familias en la oscuridad sobre el destino de sus seres queridos mientras aumenta la atmósfera de miedo, en una estrategia deliberada del Gobierno para sofocar a la disidencia", ha agregado.

HRW estima que más de 140 personas han muerto y unas 7.000 han sido detenidas en las protestas que comenzaron el 25 de noviembre, en más de 100 zonas de Irán. El 16 de noviembre, las autoridades cortaron el Internet, que no ha sido aún restableciendo en su totalidad. En respuesta a las protestas, las autoridades han llamado a los manifestantes "alborotadores" y los han amenazado con ejecutarlos.

A principios de esta semana la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, en inglés), un medio independiente iraní, reportó que las autoridades anunciaron la detención de al menos 97 personas "líderes" o "figuras importantes" que el Gobierno describió como "alborotadores" y los acusó sin evidencias de causar daños a la propiedad pública. El 23 de noviembre, el medio informó de que las autoridades habían arrestado hasta entonces entre 2.437 y 2.871 personas.

Sin embargo, HRANA estima que unas 3.980 personas podrían estar detenidas, con base en las informaciones de los activistas. Mientras que el diputado Naghavi Hosseini dijo esta semana que el número de detenciones durante las protestas es en realidad de alrededor de 7.000, lo que evidencia la naturaleza generalizada de la represión, según el diario iraní 'Etemad'. Entre los detenidos, se encuentra Mohamad Moased, un periodista de investigación, que había informado sobre el cierre de Internet en su cuenta de Twitter.

CONFESIONES MEDIANTE TORTURA

HRW ha denunciado también el patrón establecido "desde hace mucho tiempo" por las autoridades iraníes de usar confesiones obtenidas mediante coerción y tortura para condenar a los disidentes. La organización ha documentado así varios casos en los que los disidentes, activistas y periodistas aparecieron en vídeos pseudo-documentales destinados a "probar" su "culpa", bajo coerción.

En este sentido, hrwha subrayado que existe material audiovisual que ha sido publicado en las redes sociales "que muestra claramente que las fuerzas de seguridad usan armas de fuego contra los manifestantes". Amnistía Internacional ha asegurado que al menos 143 personas han muerto durante las protestas. Al respecto, el diputado y comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria acusó a los manifestantes de estar armados y disparar a las personas, aunque no aportó pruebas de esta acusación.

HRW ha insistido en que bajo las leyes internacionales de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y derecho a la reunión, según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del cual Irán es parte.

En este sentido, la ONG ha advertido de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley "solo pueden usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario". "Al usar la fuerza, los agentes de la ley deben minimizar el daño y las lesiones, y respetar y preservar la vida humana", han añadido en el comunicado.

Desde finales de 2017, han tenido lugar numerosas protestas en Irán. Solo entre diciembre de 2017 y enero de 2018, las autoridades arrestaron a unos 4.000 manifestantes. Las autoridades iraníes no realizaron ninguna investigación sobre el presunto uso de la fuerza excesiva durante las protestas, en las que murieron 25 personas, según HRW.