En abril de 2018, los nicaragüenses salieron a las calles contra una polémica reforma de la seguridad social, pero las protestas crecieron rápidamente hasta reclamar la "democratización" de Nicaragua, suscitando una fuerte respuesta del Gobierno de Ortega.

"La represión en Nicaragua tuvo como tres fases", ha dicho Taraciuk. "La primera fue la brutalidad en las calles, la represión de las manifestaciones mayormente pacíficas", a cargo de "la Policía Nacional y grupos armados partidarios del Gobierno", ha señalado. Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), más de 300 personas murieron.

"La segunda fue la 'operación limpieza'", ha explicado. "La gente montó barricadas para frenar el avance de la Policía Nacional y de estos grupos armados, las montaron en lugares estratégicos, y en julio el Gobierno usó la fuerza bruta para desmontarlas" y después "entraron indiscriminadamente en las casas cometiendo abusos contra los residentes", ha relatado.

Estas dos primeras fases "tuvieron más atención mediática", pero de la actual, que "es igual de grave", apenas se habla, ha lamentado la experta de la ONG. Taraciuk ha indicado que, por un lado, se desarrolla a través de "procesos penales arbitrarios contra gente que estaba participando en las manifestaciones o activistas sociales".

"Hay cientos de personas que han sido procesadas penalmente sin (respetar el derecho al) debido proceso", ha denunciado. Así, ha mencionado que juicios que debían ser públicos se han celebrado a puerta cerrada y hay acusaciones "donde la poca evidencia a la que uno tiene acceso demuestra inconsistencias", en algunos casos con cargos de terrorismo.

Taraciuk ha denunciado además que algunos acusados han estado en paradero desconocido "durante días" --"o sea, 'de facto' desapariciones forzadas"-- y otros se sabe que han sufrido "torturas brutales" durante los interrogatorios. "Asfixia, descargas eléctricas, les arrancaban las uñas... Algo salvaje", ha descrito.

Por otra parte, HRW aprecia "una intencionalidad clara para impedir que se reporte lo que está pasando en Nicaragua". Taraciuk ha destacado que solo entre noviembre y diciembre se cerraron cerca de una decena de ONG, incluido el CENIDH, la más prestigiosa de Nicaragua; se hicieron redadas y detenciones en medios de comunicación; y se expulsó a los observadores internacionales, tanto de la CIDH como de la ONU.

"El problema en Nicaragua es que antes de abril el Gobierno generó una concentración absoluta del poder que le ha permitido cometer todos estos abusos sin ningún tipo de control y eso sigue en pie (...) Es un Gobierno que no tiene ninguna intención de cambiar el curso por sí mismo", ha sostenido.

MÁS VULNERABLE QUE VENEZUELA

Taraciuk ha apuntado a las sanciones internacionales como una de las formas para presionar al líder sandinista, que ofreció un diálogo nacional a los manifestantes y sectores de oposición pero naufragó por su negativa a adelantar las elecciones presidenciales, previstas para 2021.

En concreto, ha propuesto cortar la financiación a la Policía Nacional, brazo ejecutor de Ortega cuyo presupuesto sale mayoritariamente de las aportaciones internacionales, y sumar a ello un embargo de armas. "Estas son el tipo de medidas que creemos que son indispensables ahora", ha declarado.

Taraciuk se ha mostrado segura de que surtirían efecto: "La gente tiende a comparar Venezuela y Nicaragua, por los orígenes y por el tipo de abuso, pero hay una gran diferencia y es que Venezuela tenía muchísimo más poder internacional. Nicaragua es un país más susceptible a esta presión".

ORTEGA, ¿EN LOS TRIBUNALES?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la CIDH para investigar las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo en el marco de las protestas contra Ortega, recomendó en diciembre juzgar al presidente nicaragüense por crímenes de lesa humanidad.

Interrogada por esa posibilidad, Taraciuk se ha mostrado escéptica. Podría ser a través del Tribunal Penal Internacional (TPI), sin embargo, Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, por lo que tendría que haber una orden directa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, "que es muy difícil", o que Ortega acepte la jurisdicción de la corte de La Haya, que sería "absurdo".

La única posibilidad que la investigadora de HRW ve realista es que un Gobierno posterior al de Ortega autorice al TPI a indagar y, en su caso, juzgar lo ocurrido estos meses en la nación centroamericana, pero sería 'a posteriori', una vez solucionada la actual crisis.

"Fuera del TPI existe la posibilidad de juzgar ciertos abusos en otros países a través de la jurisdicción universal (...) En esos casos sí se podría abrir una causa contra algunos funcionarios implicados en esos abusos, incluso cuando ni la víctima ni el perpetrador sean nacionales" de esos países, ha recordado.