Además, HRW ha especificado que el Gobierno guineano también tiene que investigar la muerte de manifestantes y un gendarme durante las protestas, que comenzaron el lunes en la capital, Conakri, y en las ciudades interiores del país.

La Administración ha reconocido, al menos, nueve muertos y otras 70 personas han resultado heridas de bala. El Gobierno ha negado que la Policía y los Gendarmes llevaran armas de fuego a las protestas. Además, más de 200 manifestantes han sido detenidos.

El Gobierno de Guinea ha prohibido las protestas callejeras de forma efectiva durante más de un año aduciendo amenazas a la seguridad pública.

No obstante, su ofensiva contra el derecho a protestar se intensificó la semana pasada cuando las fuerzas de seguridad, cuando arrestaron a activistas que lideraban la oposición a la reforma constitucional y usaron "fuerza excesiva", según la ONG, para reprimir las protestas en todo el país.

"El Gobierno de Guinea simplemente no debería negar a las personas su derecho a expresar oposición a una nueva Constitución", ha indicado la directora de África Occidental del organismo, Corinne Dufka.

"Una prohibición general de protestas, el arresto arbitrario de líderes de la sociedad civil y la dispersión violenta de manifestantes muestra que el Gobierno está dispuesto a pisotear los Derechos Humanos para reprimir la disidencia", ha agregado.

Guinea se encuentra en un limbo político mientras espera el anuncio de Condé sobre si finalmente intentará cambiar la Constitución para poder postularse para un tercer mandato en las elecciones presidenciales de 2020. El presidente no ha dicho si tiene intención de presentarse de nuevo, pero el pasado 9 de octubre su Gobierno completó las consultas sobre la nueva Constitución.

El Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una coalición de grupos no gubernamentales y partidos de oposición que boicoteó el proceso de consulta, anunció el 7 de octubre que las manifestaciones nacionales comenzarían el lunes.

Por su parte, el ministro de Administración Territorial y Descentralización, Bourema Condé, aseguró posteriormente que la declaración del FNDC constituía "una amenaza abierta para la paz y la seguridad de nuestra nación".

En este contexto, el Gobierno de Guinea justificó la prohibición de las protestas alegando que los líderes de la FNDC no notificaron las manifestaciones. El 14 de octubre, el presidente Condé señaló que estaba comprometido con el derecho a protestar, pero que los organizadores deben "informar e involucrar" a las autoridades para que "se defina un itinerario y se tomen las medidas de seguridad apropiadas para asegurar la manifestación".

Las fuerzas de seguridad arrestaron a siete miembros de la cúpula de la FNDC, incluido su coordinador, Abdourahmane Sanoh, durante una reunión en su casa.

Un abogado de los detenidos ha explicado a HRW que pudieron reunirse brevemente con los detenidos el 12 de octubre en la sede de la Policía, pero que no tuvieron acceso a ellos después de que los trasladaran al cuartel del cuerpo de élite de las fuerzas de seguridad guineanas y sus servicios de Inteligencia.

Después, fueron trasladados ante un tribunal el 14 de octubre y fueron encarcelados en la prisión central de Guinea. Después, el 16 de octubre, se los llevaron a un tribunal para ser juzgados por delitos de orden público. El juicio está aplazado hasta este viernes.

A pesar del arresto de los líderes de la FNDC, las protestas generalizadas contra la reforma constitucional se llevaron a cabo y periodistas y testigos informaron de un amplio despliegue de policías y gendarmes para disolver las manifestaciones, usando incluso cañones de agua y gases lacrimógenos.

Además, hubo frecuentes enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y los testigos contaron que las fuerzas de seguridad en ocasiones dispararon munición real contra los manifestantes. Los testigos también han relatado que los manifestantes frecuentemente arrojaban piedras y otros proyectiles a los miembros de la fuerza de seguridad.

PROTESTAS PROHIBIDAS "SISTEMÁTICAMENTE"

HRW ha recordado que los funcionarios guineanos han prohibido "sistemáticamente" todas las protestas de las que han recibido notificación previa.

"En lugar de trabajar con el FNDC y otros grupos no gubernamentales u opositores para facilitar el derecho a protestar, durante el año pasado las fuerzas de seguridad arrestaron a quienes desafiaron las prohibiciones de protesta y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes", ha denunciado la ONG. La FNDC dijo que las fuerzas de seguridad arrestaron y .

Human Rights Watch recomendó en abril que el Gobierno de Guinea estableciera una unidad judicial especial para investigar las muertes durante las protestas. "Los miembros de las fuerzas de seguridad prácticamente nunca son investigados ni procesados por su presunto papel en las muertes de protesta", ha lamentado el organismo.

"La brutal represión de las protestas por parte del Gobierno de Guinea y la casi total impunidad por los abusos de las fuerzas de seguridad es una receta para un preocupante deterioro de los Derechos Humanos", ha detallado Dufka.

"En lugar de arrestar a los líderes de la sociedad civil, el Gobierno debería investigar las preocupantes denuncias de violencia, incluso por parte de las fuerzas de seguridad, y sancionar a los responsables", ha concluido.