"Morales y la mayoría legislativa de su partido han promulgado una serie de normas que constituyen un grave retroceso para las garantías de Derechos Humanos en Bolivia", ha dicho el director de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco.

   HRW ha indicado que, "si bien la Constitución estipula que los tratados internacionales ratificados por Bolivia que declaren derechos más favorables prevalecerán sobre ésta, varias de las nuevas leyes limitan considerablemente su ejercicio".

   Vivanco ha valorado el hecho de que la Asamblea Legislativa aprobara "una reforma clave a una controvertida ley de 2010 que regula los procedimientos para la persecución penal y destitución de altos funcionarios y magistrados", pero ha advertido de que no es suficiente.

   "Reformar una de estas leyes problemáticas es un paso positivo, pero debería ser apenas el punto de partida de un proceso de revisión exhaustivo para que Bolivia cumpla plenamente con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos", ha sostenido.

   Así, ha indicado que "son necesarias modificaciones de leyes recientes relativas a la regulación de ONG, el trabajo infantil, la tortura y el racismo, las cuales limitan significativamente el ejercicio de derechos fundamentales".

TAREAS PENDIENTES

   En concreto, la ONG urge a reformar "una ley promulgada en julio que convirtió a Bolivia en el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños de tan sólo 10 años" porque "contraviene el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)" que fija la edad mínima para ofrecer servicios remunerados en los 14 años.

   También ha apuntado a "una ley de marzo de 2013 que regula las ONG concediendo a las autoridades facultades excesivamente amplias para disolverlas por motivos imprecisos, como 'que atenten en contra la seguridad o el orden público'".

   "Las disposiciones de la ley podrían propiciar decisiones arbitrarias o que respondan a motivaciones políticas, y menoscaban el derecho a la libertad de asociación y el trabajo independiente de los defensores de los Derechos Humanos", ha argumentado.

   Asimismo, ha criticado el protocolo facultativo de una ley de 2013 para prevenir la tortura porque crea un organismo nacional cuyo director "será designado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna presentada por el Ministerio de Justicia, lo cual socava su independencia".

   HRW argumenta, además, que "la ley no establece las facultades de este organismo nacional, a pesar de que los estándares internacionales exigen que 'deberán enunciarse de manera clara en forma de texto constitucional o legislativo'".

   La ONG ha propuesto modificar "una ley de 2010 contra el racismo" porque "otorga al Gobierno potestades imprecisas y excesivamente amplias que le permiten censurar injustamente a los medios de comunicación".

   "Con arreglo al Derecho Internacional, las restricciones a la libertad de expresión deben definirse de manera precisa y deben ser aplicadas por un organismo independiente, de manera estrictamente proporcional", ha recordado.

   Finalmente, ha criticado que el Congreso "tampoco haya reformado el Código Penal Militar de 1976, que habilita a tribunales de justicia militar a juzgar presuntas violaciones de Derechos Humanos perpetradas por militares".

   "Una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2012 determinó que el Código contraviene obligaciones internacionales de Bolivia, que exigen que las violaciones de Derechos Humanos sean juzgadas por tribunales independientes e imparciales, y exhortó al poder legislativo a que lo reformara", ha apuntado.