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"Las autoridades utilizan un manual de tácticas clandestinas para reprimir a los disidentes mientras se esfuerzan por mantener intacta la imagen de Marruecos como un país que respeta los derechos", ha sentenciado la directora para Oriente Próximo y África del Norte de HRW, Lama Fakih.

En un informe de 129 páginas, HRW detalla estas estrategias a través de los testimonios de 89 personas dentro y fuera de Marruecos, incluidas personas sometidas a acoso policial o judicial, sus familiares y allegados, defensores de Derechos Humanos, activistas sociales y políticos, abogados, periodistas y testigos de juicio.

Dichas tácticas incluyen juicios injustos y largas penas de prisión por cargos penales, campañas de acoso y difamación en los medios de comunicación alineados con el Estado y ataques contra los familiares de los disidentes, así como vigilancia digital y, en algunos casos, intimidación física y agresiones.

Desde que el rey Mohammed VI ascendió al trono de Marruecos en 1999, HRW ha documentado decenas de condenas a periodistas y activistas por cargos relacionados con la violación de su derecho a la libertad de expresión, según un comunicado de la organización.

Así, la ONG ha indicado que los disidentes, sus familiares o sus asociados fueron condenados por cargos que violaron los Derechos Humanos reconocidos internacionalmente y, en el caso de ser cargos legítimos, se registraron irregularidades durante los juicios.

"Ya sea que terminaran o no en los tribunales o en prisión, las personas cuyos casos examinó HRW fueron objeto de campañas generalizadas de difamación por parte de una constelación de sitios web que un grupo de 110 periodistas independientes marroquíes denominan 'medios de difamación'", ha explicado la ONG.

Hay que recordar que el escándalo de Pegasus, que afectó a varios países, también puso en jaque a las autoridades marroquíes, que negaron el presunto uso del software israelí Pegasus, de la empresa NSO, para espiar a políticos y periodistas entre 2019 y 2021.

La investigación en torno a esta herramienta está a cargo del consorcio de medios Forbidden Stories, con sede en París, que asegura que las pruebas han sido obtenidas de los propios teléfonos a través de un análisis forense realizado por el laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional.

Uno de los objetivos de Pegasus cuyo caso examinó la ONH HRW es el del economista y activista de Derechos Humanos Fuad Abdelmumni, quien, además de ser sometido a vigilancia por vídeo, ha sufrido chantaje sexual debido a la difusión de vídeos íntimos suyos para acallar sus críticas.

"Hay un clima de inquisición", ha indicado Hisham Mansuri, un periodista que obtuvo asilo en Francia tras pasar diez meses en prisión en Marruecos por adulterio. "Sexo, drogas, alcohol* si no encuentran nada, fabricarán acusaciones (contra ti)", le ha dicho a Human Rights Watch.

"Las tácticas documentadas por Human Rights Watch violan las obligaciones internacionales de Derechos Humanos de Marruecos, incluido el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y asociación, y el derecho al debido proceso y a un juicio justo para los acusados", ha subrayado la organización.ticia