Las autoridades han detenido desde mayo a 36 personas críticas con el actual Gobierno --siete de ellas precandidatas a la Presidencia--, en un contexto marcado por la inminente celebración de elecciones, el 7 de noviembre. Los cargos presentados hasta ahora por la Fiscalía va desde blanqueo de capitales a menoscabo contra la integridad nacional y las condenas podrían llegar hasta los 25 años de cárcel.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha advertido de que la "velocidad" con la que se ha llevado a cabo las detenciones y las "condiciones horrorosas de detención" a las que están siendo sometidos los opositores, acusados de "delitos sin ninguna base ni debido proceso", pone de manifiesto que "Ortega no tiene la más mínima intención de perder los próximos comicios".

Vivanco ha instado al régimen a "liberar inmediata e incondicionalmente a todos los presos políticos", mientras que a la comunidad internacional le ha pedido "redoblar la presión sobre el gobierno para aumentar el coste de sus prácticas abusivas", sin plantear ninguna medida concreta.

HRW ha entrevistado a 19 personas para examinar 28 de los 36 casos registrados y ha analizado fuentes oficiales para tratar de arrojar luz en situaciones de las que por ahora poco se sabe, ya que los detenidos han visto vetadas las visitas familiares y las autoridades apenas han ofrecido información.

De los 36 detenidos, 32 permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida popularmente como 'El Chipote' y escenario de torturas en el pasado. HRW teme que la situación se repita ahora y ha recordado por ejemplo que equivale a tortura el confinamiento solitario prolongado, es decir, aquel que se prolonga durante más de 15 días.

Los familiares que han visto a los detenidos dan cuenta también de alimentación insuficiente, tiempo muy limitado de ejercicio al aire libre e interrogatorios sin presencia de un abogado, según HRW, que hace extensibles los abusos también a gran parte de las 104 personas que también habían sido detenidas previamente tras criticar a las autoridades.

LEYES A LA MEDIDA

El Gobierno de Ortega ha promovido en el último año la adopción de leyes que han terminado por reducir el margen de maniobra de partidos de la oposición y, según HRW, se estaría sirviendo de acusaciones ambiguas y arbitrarias para aplacar cualquier hipotética amenaza política. Una ley reciente prohíbe a los "traidores a la patria" presentarse para cargos públicos.

Las autoridades han iniciado investigaciones por "pedir intervenciones militares", "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización", "demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos" e "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos", entre otras acusaciones.

En los casos examinados por la ONG, la Fiscalía generalmente no identificó acciones que sustentaran los cargos contra los acusados y los actos señalados podrían estar protegidos por la libertad de expresión. La defensa de la "integridad nacional" es una constante en la argumentación del Ministerio Público, aunque lo cierto es que los fiscales llegan a repetir palabra por palabra las acusaciones en expedientes distintos.