El documento publicado por HRW acusa tanto a la Alianza del Amanecer Libio, establecida en Misrata, como a la coalición de milicias de la localidad montañosa de Zintan de atentar indiscriminadamente contra la población civil durante cinco semanas de enfrentamientos, que comenzaron el pasado 13 de julio. Según HRW, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares a raíz de los conflictos entre milicias.

   Amanecer Libio ha dirigido sus ataques contra la población de Zintan, partidarios de Dignidad Libia, un campaña militar establecida en el este de Libia por el exgeneral del Ejército Jalifa Haftar para luchar contra las milicias islamistas bajo el Consejo Islámico de la Shura. Periodistas y autoridades gubernamentales también se encuentran entre sus objetivos.

   La noche del 23 al 24 de agosto, la milicia de Misrata obligó a la cadena privada Alassema TV a irse a negro y prendió fuego a la casa del director. Amanecer Libio también se llevó a varios empleados, que siguen desaparecidos, y cometió ataques contra otros empleados de la cadena, según los documentos citados por HRW.

   En este informe, la organización ha señalado que el pasado 25 de agosto la milicia entró en la casa del primer ministro, Abdulá al Thinni, y obligó a salir a su familia para después saquear el lugar y prenderlo fuego. Dos días después el Gobierno informó de que "bandas criminales" habían incendiado la casa del ministro de Transporte, Abdelgader al Zintani.

   La directora de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Sarah Leah Whitson, ha recordado tanto a los cabecillas de Amanecer Libio como a los de Dignidad Libia que "necesitan controlar a sus fuerzas y terminar con el ciclo de abusos" y atenerse a las "posibles sanciones y persecución internacional". "Todas las partes enfrentadas, así como el Gobierno libio, deberían respetar su obligación de proteger a los civiles todo el tiempo y responsabilizar a sus fuerzas cuando cometan delitos", ha añadido.

ATAQUES Y DESAPARICIONES

   El 1 de septiembre de 2014, un informe del Comité de Crisis del consejo municipal de Zintan confirmó que las casas de Trípoli de al menos 80 familias de Zintan habían sido "atacados y saqueados" y que 80 hombres de la localidad habían sido detenidos, secuestrados o estaban desaparecidos.

   Un par de noches antes, hombres armados de las Fuerzas de Escudo de Libia, una milicia perteneciente a la coalición de Amanecer Libio, sitiaron un campamento para desplazados procedentes de Tawergha, mataron a un hombre y dejaron varios heridos. Según HRW, cerca de 40.000 personas de Tawergha han sido desplazados a la fuerza.

   Ambas partes del conflicto han tomado rehenes durante los enfrentamientos. El activista Abdelmoez Banoon desapareció el pasado 25 de julio cuando un grupo de milicianos le secuestró frente a su casa. Por otro lado, la familia de Suliman Zubi ha asegurado a HRW que el miembro de la anterior legislatura fue apresado por los milicianos de Barq al Nasr el pasado el 21 de julio. El derecho humanitario internacional obliga a las facciones a tratar a los detenidos con humanidad, sin someterlos a torturas ni a malos tratos.

   El número de desplazados a causa de la violencia se eleva ya a 12.600 personas, según el último informe publicado por el consejo local de Trípoli el 25 de agosto. Las autoridades de Tawergha en Trípoli también han alertado de que cerca de 1.000 familias de la localidad residentes en campamentos de desplazados en la capital habían abandonado las instalaciones ante las deterioradas condiciones y temían ataques de venganza.

   Naciones Unidas ha elevado el número total de desplazados libios a 100.000 mientras que el de personas que han abandonado el país supera los 150.000.

CUMPLIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL

   HRW ha recordado que el Derecho Internacional obliga a respetar las leyes de la guerra y que cualquier violación de estas podría considerarse crimen de guerra. El Tribunal Penal Internacional tiene jurisprudencia, bajo la resolución de 1970 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para perseguir y juzgar a aquellos que cometan crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio perpetrados en Libia desde el 15 de febrero de 2011.

   De hecho, el pasado 25 de agosto, la fiscal del TPI anunció que su oficina "no dudaría en investigar y perseguir a aquellos que han cometido delitos bajo la jurisdicción del TPI en Libia independientemente de su estatus oficial o su afiliación".

   El 27 de agosto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 2174 que ampliaba las sanciones internacionales a Libia para incluir a personas comprometidas o partidarias de actos que "amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Libia, u obstruyen o debilitan el éxito de su transición política", según el comunicado de HRW. Estos actos incluyen "planear, dirigir o cometer actos que violan el derecho internacional de los Derechos Humanos o las leyes humanitarias, o actos que constituyen abusos de los Derechos Humanos".

   "Aquellos responsables de los abusos o que miran hacia otro lado se enfrentan a posibles sanciones y persecución internacional por los crímenes de guerra", ha dicho Whitson.