La decepción y la indignación cunde entre los historiadores españoles. Confiaban en que la entrada en vigor de la Ley de Transparencia terminase con los obstáculos que vienen encontrando desde 2011 para acceder a la documentación histórica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Cansados de esperar cambios en vano, pasan de nuevo a la acción.

   En un artículo publicado este mes en la revista de historia contemporánea 'Ayer', el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Pereira y el profesor Carlos Javier Sanz Díaz recuerdan al jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, que se comprometió hace año y medio a permitir a los investigadores "un acceso más fácil y libre" a la documentación. Promesa que siguen esperando a que se cumpla.

   El ministro escribió a Sanz Díaz en agosto de 2013 en respuesta a las quejas que 300 investigadores de una quincena de países le hicieron llegar por las trabas impuestas desde el otoño de 2011 a los historiadores para acceder a los documentos del archivo de Exteriores.

   El origen de esos impedimentos hay que buscarlo en un acuerdo secreto de 2010 que aprobó en Consejo de Ministros el Ejecutivo anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, coincidiendo con las filtraciones de Wikileaks. Acuerdo cuya existencia no se desveló hasta dos años después.

   Todo comienza en el otoño de 2011, cuando los responsables del archivo de Exteriores emperazon a denegar a los investigadores Sanz Díaz y Alvaro Jimena el acceso a la documentación que habían solicitado sobre las relaciones entre España y Alemania entre 1970 y 1982, por un lado, y las mantenidas con China, Japón y Filipinas entre 1975 y 1982.

   Cuando los investigadores exigieron al Ministerio que motivara su negativa, el departamento justificó su respuesta en la existencia del acuerdo del Consejo de Ministros de octubre de 2010, que no se publicó en el Boletín Oficial del Estado y del que nadie hasta entonces había dado cuenta.

MÁS RESTRICTIVO QUE UNA LEY FRANQUISTA

   Para sorpresa de los investigadores, ese acuerdo va más allá de la Ley de Secretos Oficiales --de 1968-- y otorga con carácter genérico la clasificación de secreto o reservado a la práctica totalidad de los documentos generados en el Ministerio. Y lo que es peor, no establece fecha alguna para levantar esa protección.

   Es materia secreta, por ejemplo, la posición de España en conflictos internacionales y negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales; información sobre despliegues de las Fuerzas Armadas, Policía o Guardia Civil en misiones internacionales; los buenos oficios llevados a cabo con terceros países u opositores para facilitar procesos de paz o defender los Derechos Humanos o la información sobre los preparativos de viajes oficiales de los Reyes o miembros del Gobierno.

   También es materia reservada las entrevistas con mandatarios o diplomáticos extranjeros con implicaciones para los intereses del Estado o las relaciones internacionales, las gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten y las candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales.

   En su carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministro García-Margallo admitía que el acuerdo secreto de 2010 "haya podido suponer alguna limitación al acceso que los historiadores e investigadores desean tener a los documentos y archivos".

   Y anunciaba que su departamento había preparado un proyecto de acuerdo de Consejo de Ministros que sustituiría al de octubre de 2010 y que permitiría "un acceso más fácil y libre a la documentación con algunas exclusiones, en particular aquellas que afecten a intereses nacionales y a la seguridad del Estado".

   Citaba expresamente el ministro cuestiones que afectan a defensa y seguridad, asilo y refugio, soberanía, independencia y terrorismo, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas.

   Y añadía que el Gobierno "entiende que la aprobación de este acuerdo será más oportuna tras la conclusión y entrada en vigor de la Ley de Transparencia", que se aplica desde diciembre pasado para el conjunto de la Administración General del Estado. Ante la falta de movimientos en este sentido, los historiadores empiezan a sospechar que este tema no es prioritario para el Ejecutivo.

LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SIGUE "EN ESTUDIO"

   Una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha señalado a Europa Press que la modificación del polémico acuerdo de 2010 es un tema que sigue "en estudio" y ha subrayado que el 90 por ciento de las solicitudes para la consulta de documentos históricos que llegan a este departamento se resuelven favorablemente, si bien ha reconocido que el número de peticiones que reciben es reducido.

   En el Archivo Central de Exteriores ya solo se guardan los fondos posteriores a 1980. Coincidiendo con las primeras quejas de los historiadores de las que se hicieron eco los medios de comunicación en 2012, Exteriores llegó a un acuerdo con el Ministerio de Cultura para transferir todos sus fondos hasta el año 1980 al Archivo Histórico Nacional (donde se llevaron los documentos anteriores a 1931) y al Archivo General de la Administración (fondos entre 1931 y 1980).

   Concluida la mudanza en septiembre de 2013, los fondos anteriores a 1931 pueden consultarse sin problema, mientras que los documentos transferidos al archivo de Alcalá de Henares siguen guardados en cajas. Sobre las dificultades que encuentran los historiadores para acceder hoy por hoy a esta documentación, en el Ministerio de Exteriores remiten a Cultura, responsable del Archivo Histórico Nacional.

   El catedrático Juan Carlos Pereira lamenta especialmente el gran retroceso que España ha experimentado respecto del acceso a la consulta de documentos oficiales con fines de investigación, unos fondos que, recuerda en declaraciones a Europa Press, son patrimonio de todos, no solo de quien ostenta el poder.

   Recuerda con nostalgia aquella revolucionaria orden aprobada en 1984 bajo el mandato del ministro socialista de Exteriores Fernando Morán, que abría con carácter general el acceso a la documentación del departamento a partir de los 25 años de antigüedad y que situó entonces a nuestro país "en la vanguardia" en esta materia.

   Los problemas actuales para el acceso a documentos históricos no afectan exclusivamente a fondos del Ministerio de Exteriores. Los historiadores han denunciado en repetidas ocasiones la decisión del Gobierno actual de parar la desclasificación de unos 10.000 documentos del Ministerio de Defensa cuya selección dejó lista para su aprobación el anterior equipo de Carme Chacón.

   Pero hay más. En su artículo en 'Ayer', Pereira y Sanz Díaz denuncian que el velo al acceso de la documentación se extiende al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, donde se deniega el acceso a fondos provenientes de Exteriores --en concreto del franquismo-- que hasta hace poco se podían consultar.

   Una situación que, afirman, sitúa a España "a la cola de Europa", donde países como Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Países Bajos disponen de archivos públicos y abiertos, y cuentan con colecciones de documentos diplomáticos elaboradas por diplomáticos e historiadores. Gracias a ellos, los historiadores españoles han encontrado en el extranjero mucha documentación sobre la política exterior española que en España se les ha negado.