Haidar, que a finales de 2009 permaneció 32 días en huelga de hambre tras ser expulsada ilegalmente de El Aaiún, tenía previsto declarar como testigo el pasado 11 de mayo de 2011 aunque diversos problemas en su estado de salud fueron retrasando su declaración, que finalmente ha quedado fijada para este miércoles. 

  El responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 reactivó esta causa, que fue abierta por Baltasar Garzón en diciembre de 2007, tras preguntar al Ministerio de Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión rogatoria que su antecesor cursó en octubre de 2008 para dar traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos policiales marroquíes. 

  En mayo de 2011 seis víctimas de torturas declararon en la Audiencia Nacional que la intención de las autoridades marroquíes tras la ocupación del antiguo Sáhara español era la de "exterminar o aniquilar" al pueblo saharaui. Cuatro de ellos, además, fueron examinados por un médico forense para documentar las secuelas que podían haber sufrido. 

  La investigación se dirige contra "destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El Aaiún o Tan Tan". Entre los querellados se encuentra el general Hosni Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por España con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba parte de la delegación que visitó a primeros de febrero España junto al ministro del Interior del país alauí, Taieb Cherkaoui. 

  Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976, entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan. Completan la relación de denunciados altos cargos militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji Hamid.

MÁS DE 500 DESAPARECIDOS 

  Los querellantes tienen contabilizados más de 542 desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando, tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, España abandonó su provincia número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida como Marcha Verde, a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara Occidental. 

  La querella añadía que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales". 

  El escrito relataba que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación".