Quería "infundir miedo entre la población y reprimir el disenso", ha sentenciado el investigador Juan Pappier, al término de unas pesquisas en las que la ONG ha entrevistado a más de 150 personas y ha consultado documentación, también de índole oficial, para determinar el alcance de lo ocurrido hace tres meses en la isla.

La organización Cubalex ha cifrado en más de mil las personas detenidas, de las cuales más de 500 seguirían entre rejas. Un manifestante, Diubis Laurencio Tejeda, falleció en la localidad de La Güinera, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) después de que un policía le disparase por la espalda.

HRW ha identificado en su informe a 130 víctimas de detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos penales abusivos, mientras que al menos un manifestante perdió la vida. Así, estima que "muchos" de los cientos de personas detenidos durante las protestas han sufrido abusos "brutales" durante su detención y "decenas" han sido procesados sin un mínimo de garantías.

Las autoridades cubanas informaron el 19 de agosto de que 67 personas habían sido condenadas por su implicación en las protestas, en su mayoría con penas d entre diez meses y un año de cárcel. Algunos de ellos han quedado en libertad tras pagar una multa o permanecen bajo arresto domiciliario.

Entre los abusos detectados por los investigadores de HRW destacan privaciones de sueño, palizas, aislamientos sin luz natural o amenazas de represalias contra familiares. También ha denunciado interrogatorios abusivos, cargados igualmente de todo tipo de amenazas y presiones.

"PATRONES" DE ABUSOS

Para Pappier, los procesos judiciales han sido "una verdadera farsa" y forman parte de una estrategia que trasciende lo anecdótico. "Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales", ha afirmado.

HRW ha recordado el mensaje que lanzó Díaz-Canel a los "revolucionarios" cuando comenzaron las protestas, para que también ellos saliesen a las calles. "La orden de combate está dada", declaró el mandatario, en lo que supondría el inicio de una ofensiva por parte de las fuerzas de seguridad y de otras medidas de presión como las restricciones en la conexión de Internet.

La ONG ha identificado entre los funcionarios implicados en abusos a miembros de los servicios de Inteligencia, militares, policías y brigadistas de las conocidas como 'boinas negras". Asimismo, considera que los jueces y fiscales se han limitado a actuar como correa de transmisión del poder ejecutivo, facilitando procesos "abusivos".

El "desorden público" es el principal cargo esgrimido contra los detenidos, según HRW en base únicamente a testimonios de las propias fuerzas de seguridad. Este fue el delito que se le imputó a Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años que, según su propio testimonio, fue detenida en San Miguel de Padrón, cuando pasaba andando por el escenario de una manifestación.

La joven ha asegurado que, mientras estuvo detenida, le obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda y a inspeccionarse su vagina con un dedo. También la amenazaron con llevarla junto a dos hombres a una zona de visitas conyugales, durante una reclusión en la que no pudo ver ni a familiares ni a su abogado --solo pudo hacerlo minutos antes de la vista--.

Fue condenada a ocho meses de cárcel y actualmente cumple la pena bajo reclusión domiciliaria, pero no ha obtenido copia alguna de la sentencia dictada contra ella, según el testimonio recabado por HRW como ejemplo de unos patrones abusivos que también se habrían extendido a destacadas voces de la oposición política como el activista José Daniel Ferrer García.

En el caso de Ferrer, detenido el 11 de julio, a las acusaciones por su presunta implicación en desórdenes públicos se suman otras causas anteriores. El 14 de agosto, su mujer recibió un documento en el que se recoge que el presidente de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) cumpliría cuatro años de cárcel por un incidente previo

Quería "infundir miedo entre la población y reprimir el disenso", ha sentenciado el investigador Juan Pappier, al término de unas pesquisas en las que la ONG ha entrevistado a más de 150 personas y ha consultado documentación, también de índole oficial, para determinar el alcance de lo ocurrido hace tres meses en la isla.

La organización Cubalex ha cifrado en más de mil las personas detenidas, de las cuales más de 500 seguirían entre rejas. Un manifestante, Diubis Laurencio Tejeda, falleció en la localidad de La Güinera, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) después de que un policía le disparase por la espalda.

HRW ha identificado en su informe a 130 víctimas de detenciones arbitrarias, malos tratos y procesos penales abusivos, mientras que al menos un manifestante perdió la vida. Así, estima que "muchos" de los cientos de personas detenidos durante las protestas han sufrido abusos "brutales" durante su detención y "decenas" han sido procesados sin un mínimo de garantías.

Las autoridades cubanas informaron el 19 de agosto de que 67 personas habían sido condenadas por su implicación en las protestas, en su mayoría con penas d entre diez meses y un año de cárcel. Algunos de ellos han quedado en libertad tras pagar una multa o permanecen bajo arresto domiciliario.

Entre los abusos detectados por los investigadores de HRW destacan privaciones de sueño, palizas, aislamientos sin luz natural o amenazas de represalias contra familiares. También ha denunciado interrogatorios abusivos, cargados igualmente de todo tipo de amenazas y presiones.

"PATRONES" DE ABUSOS

Para Pappier, los procesos judiciales han sido "una verdadera farsa" y forman parte de una estrategia que trasciende lo anecdótico. "Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se tratan del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales", ha afirmado.

HRW ha recordado el mensaje que lanzó Díaz-Canel a los "revolucionarios" cuando comenzaron las protestas, para que también ellos saliesen a las calles. "La orden de combate está dada", declaró el mandatario, en lo que supondría el inicio de una ofensiva por parte de las fuerzas de seguridad y de otras medidas de presión como las restricciones en la conexión de Internet.

La ONG ha identificado entre los funcionarios implicados en abusos a miembros de los servicios de Inteligencia, militares, policías y brigadistas de las conocidas como 'boinas negras". Asimismo, considera que los jueces y fiscales se han limitado a actuar como correa de transmisión del poder ejecutivo, facilitando procesos "abusivos".

El "desorden público" es el principal cargo esgrimido contra los detenidos, según HRW en base únicamente a testimonios de las propias fuerzas de seguridad. Este fue el delito que se le imputó a Gabriela Zequeira Hernández, una estudiante de 17 años que, según su propio testimonio, fue detenida en San Miguel de Padrón, cuando pasaba andando por el escenario de una manifestación.

La joven ha asegurado que, mientras estuvo detenida, le obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda y a inspeccionarse su vagina con un dedo. También la amenazaron con llevarla junto a dos hombres a una zona de visitas conyugales, durante una reclusión en la que no pudo ver ni a familiares ni a su abogado --solo pudo hacerlo minutos antes de la vista--.

Fue condenada a ocho meses de cárcel y actualmente cumple la pena bajo reclusión domiciliaria, pero no ha obtenido copia alguna de la sentencia dictada contra ella, según el testimonio recabado por HRW como ejemplo de unos patrones abusivos que también se habrían extendido a destacadas voces de la oposición política como el activista José Daniel Ferrer García.

En el caso de Ferrer, detenido el 11 de julio, a las acusaciones por su presunta implicación en desórdenes públicos se suman otras causas anteriores. El 14 de agosto, su mujer recibió un documento en el que se recoge que el presidente de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) cumpliría cuatro años de cárcel por un incidente previo