Domingo, 03 de agosto de 2025

Pide reducir ministerios, defiende ampliar el contingente para la base de Rota y reforzar los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla

El PP busca que el Congreso apoye la Transición y a las víctimas de ETA y censure el "acoso" a instituciones


Así se recoge en las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra en el marco del Debate sobre el estado de la Nación y que se votarán este jueves en el Pleno del Congreso. Según el partido, estos 15 textos constituyen algunas de sus "principales alternativas en las áreas económica, social e institucional para sacar a España de las crisis que atraviesa e iniciar un rumbo de estabilidad, crecimiento y creación de empleo".

En concreto, el primer partido de la oposición ha presentado propuestas para luchar contra la pobreza, combatir la inflación, sobre el sector energético, contra la ocupación ilegal, a favor de reducción del gasto público improductivo o en materia de sanidad, educación y discapacidad. También hay una iniciativa sobre política exterior y defensa, así como otra sobre vertebración del territorio mediante el transporte público.

CONTRA LA REVISIÓN DE LAS BASES QUE SOSTIENEN LA DEMOCRACIA

El PP, que ha denunciado estas semanas el pacto entre el Gobierno y Bildu en la Ley de Memoria, ha presentado una resolución --bajo el título 'modelo constitucional y víctimas del terrorismo'-- en la que critica las "pretensiones de algunos grupos de revisar las bases fundamentales que sostienen la construcción" de la democracia española.

Por eso, los 'populares' piden que el Congreso inste al Gobierno a "promover la defensa de la Transición y de sus acuerdos como "base fundamental de la concordia entre españoles y superación de la dictadura franquista". También le solicita que defienda la Constitución como "piedra angular" del sistema democrático, así como que defienda el Estado de las Autonomías, uno de los modelos de "descentralización que más y mejor reconocen la diversidad y pluralidad de un país".

En la misma iniciativa, el PP emplaza al Ejecutivo a "intensificar al reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético" del sistema democrático español "adaptando la legislación española a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo respecto a los crímenes de ETA y reforzando las políticas de prevención, cooperación internacional y persecución contra el terrorismo yihadista".

En esa resolución reclama en último lugar al Gobierno que promueva una "cultura democrática que rechace todos los totalitarismos que forman parte de la peor historia" de España y de Europa, y que rechace también "todos los métodos violentos que han intentado destruir" la democracia con "la persecución y el asesinato de cientos de españoles".

"CESAR EL ACOSO E INTERVENCIONISMO A LAS INSTITUCIONES"

En otra propuesta para "garantizar la independencia y la neutralidad" de las instituciones", el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a "cesar de manera inmediata el acoso e intervencionismo hacia las instituciones", y "garantizar la independencia e imparcialidad de autoridades independientes y organismos de regulación existentes en España".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, que en las últimas semanas ha denunciado el "asalto" del Gobierno al CIS, la Fiscalía, el INE, el CNI o Indra, pide también en el mismo texto al Gobierno "elaborar la normativa necesaria para reforzar la independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad de todas las instituciones y organismos de la Administración Pública para que cumplan con objetividad su servicio a los intereses generales".

El PP también ha presentado una resolución en materia de seguridad para mejorar las condiciones retributivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la política de inmigración y reforzar "de manera urgente y permanente" los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con más efectivos personales y medios materiales.

"Lamentamos el abandono del Gobierno español de las fronteras de Ceuta y Melilla", asegura en el texto, donde deplora los "graves sucesos" que se produjeron en una nueva tentativa de "asalto masivo a la frontera de Melilla con terrible pérdida de vidas humanas y elevado número de personas heridas".

En materia de política exterior y defensa, el PP expresa su apoyo en todas sus dimensiones del nuevo concepto estratégico aprobado en la reciente Cumbre de la OTAN y emplaza al Gobierno a "fortalecer la relación con Estados Unidos y apoyar la ampliación del contingente militar solicitado para la base de Rota", un punto con el que busca poner de relieve la división que hay en este extremo entre Podemos y PSOE.

ELIMINAR EL TÉRMINO 'DISMINUIDO' DE LA CARTA MAGNA

En el bloque social, el Grupo Popular ha registrado cuatro resoluciones. En materia de discapacidad se insta al Gobierno a, tras una reunión este mismo mes de julio con las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria y con los representantes de las personas con discapacidad, consensuar un texto de reforma solo del artículo 49 de la Constitución, para suprimir el término
'disminuido' para referirse a las personas con discapacidad.

Otra iniciativa contiene una batería de medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente la que afecta a la infancia, mientras que otra afecta a la sanidad para su mejora, que incluye la garantía de que el sistema de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ocurrió en la convocatoria de este año.

En materia educativa propone un gran acuerdo con el fin de lograr que España pueda tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Incluye garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; la implantación de una prueba EBAU única en todo el territorio; gratuidad de 0-3 años del primer ciclo de educación infantil, y la aprobación de una Ley de ordenación de la profesión docente similar al consolidado en el sector sanitario.

IMPUGNAR LOS DECRETOS QUE ELIMINAN EL 25% DE CASTELLANO

De hecho, el PP aprovecha esa resolución para instar al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos de la Generalitat que eliminan porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.

En concreto, el PP pide al Gobierno hacer uso de la facultad que le concede el artículo 161.2 de la Constitución española para impugnar, en tiempo y forma, ante el Tribunal Constitucional el decreto ley por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, con la consiguiente suspensión automática de las mencionadas disposiciones.

En el área económica, el Grupo Popular ha presentado siete resoluciones en las que emplaza al Gobierno a deflactar el IRPF, bajar el IVA del gas, suspender el impuesto de hidrocarburos y reducir el gasto burocrático y la estructura del Gobierno.

En concreto, en el apartado relativo a reducir el gasto público improductivo plantea "acometer de inmediato una reducción del gasto burocrático que incluya entre otras medidas una nueva configuración de la estructura del Gobierno que contemple una reducción de, al menos, un tercio en el número de ministerios, con la correspondiente disminución del número de altos cargos y asesores".

Así se recoge en las propuestas de resolución que ha presentado el Grupo Popular que dirige Cuca Gamarra en el marco del Debate sobre el estado de la Nación y que se votarán este jueves en el Pleno del Congreso. Según el partido, estos 15 textos constituyen algunas de sus "principales alternativas en las áreas económica, social e institucional para sacar a España de las crisis que atraviesa e iniciar un rumbo de estabilidad, crecimiento y creación de empleo".

En concreto, el primer partido de la oposición ha presentado propuestas para luchar contra la pobreza, combatir la inflación, sobre el sector energético, contra la ocupación ilegal, a favor de reducción del gasto público improductivo o en materia de sanidad, educación y discapacidad. También hay una iniciativa sobre política exterior y defensa, así como otra sobre vertebración del territorio mediante el transporte público.

CONTRA LA REVISIÓN DE LAS BASES QUE SOSTIENEN LA DEMOCRACIA

El PP, que ha denunciado estas semanas el pacto entre el Gobierno y Bildu en la Ley de Memoria, ha presentado una resolución --bajo el título 'modelo constitucional y víctimas del terrorismo'-- en la que critica las "pretensiones de algunos grupos de revisar las bases fundamentales que sostienen la construcción" de la democracia española.

Por eso, los 'populares' piden que el Congreso inste al Gobierno a "promover la defensa de la Transición y de sus acuerdos como "base fundamental de la concordia entre españoles y superación de la dictadura franquista". También le solicita que defienda la Constitución como "piedra angular" del sistema democrático, así como que defienda el Estado de las Autonomías, uno de los modelos de "descentralización que más y mejor reconocen la diversidad y pluralidad de un país".

En la misma iniciativa, el PP emplaza al Ejecutivo a "intensificar al reconocimiento de las víctimas del terrorismo como referente ético" del sistema democrático español "adaptando la legislación española a las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo respecto a los crímenes de ETA y reforzando las políticas de prevención, cooperación internacional y persecución contra el terrorismo yihadista".

En esa resolución reclama en último lugar al Gobierno que promueva una "cultura democrática que rechace todos los totalitarismos que forman parte de la peor historia" de España y de Europa, y que rechace también "todos los métodos violentos que han intentado destruir" la democracia con "la persecución y el asesinato de cientos de españoles".

"CESAR EL ACOSO E INTERVENCIONISMO A LAS INSTITUCIONES"

En otra propuesta para "garantizar la independencia y la neutralidad" de las instituciones", el Grupo Popular emplaza al Ejecutivo a "cesar de manera inmediata el acoso e intervencionismo hacia las instituciones", y "garantizar la independencia e imparcialidad de autoridades independientes y organismos de regulación existentes en España".

El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, que en las últimas semanas ha denunciado el "asalto" del Gobierno al CIS, la Fiscalía, el INE, el CNI o Indra, pide también en el mismo texto al Gobierno "elaborar la normativa necesaria para reforzar la independencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad de todas las instituciones y organismos de la Administración Pública para que cumplan con objetividad su servicio a los intereses generales".

El PP también ha presentado una resolución en materia de seguridad para mejorar las condiciones retributivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la política de inmigración y reforzar "de manera urgente y permanente" los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla con más efectivos personales y medios materiales.

"Lamentamos el abandono del Gobierno español de las fronteras de Ceuta y Melilla", asegura en el texto, donde deplora los "graves sucesos" que se produjeron en una nueva tentativa de "asalto masivo a la frontera de Melilla con terrible pérdida de vidas humanas y elevado número de personas heridas".

En materia de política exterior y defensa, el PP expresa su apoyo en todas sus dimensiones del nuevo concepto estratégico aprobado en la reciente Cumbre de la OTAN y emplaza al Gobierno a "fortalecer la relación con Estados Unidos y apoyar la ampliación del contingente militar solicitado para la base de Rota", un punto con el que busca poner de relieve la división que hay en este extremo entre Podemos y PSOE.

ELIMINAR EL TÉRMINO 'DISMINUIDO' DE LA CARTA MAGNA

En el bloque social, el Grupo Popular ha registrado cuatro resoluciones. En materia de discapacidad se insta al Gobierno a, tras una reunión este mismo mes de julio con las principales fuerzas políticas con representación parlamentaria y con los representantes de las personas con discapacidad, consensuar un texto de reforma solo del artículo 49 de la Constitución, para suprimir el término
'disminuido' para referirse a las personas con discapacidad.

Otra iniciativa contiene una batería de medidas para luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente la que afecta a la infancia, mientras que otra afecta a la sanidad para su mejora, que incluye la garantía de que el sistema de plazas MIR no deje plazas desiertas, como ocurrió en la convocatoria de este año.

En materia educativa propone un gran acuerdo con el fin de lograr que España pueda tener uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Incluye garantizar la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos; la implantación de una prueba EBAU única en todo el territorio; gratuidad de 0-3 años del primer ciclo de educación infantil, y la aprobación de una Ley de ordenación de la profesión docente similar al consolidado en el sector sanitario.

IMPUGNAR LOS DECRETOS QUE ELIMINAN EL 25% DE CASTELLANO

De hecho, el PP aprovecha esa resolución para instar al Gobierno a recurrir ante el Tribunal Constitucional los decretos de la Generalitat que eliminan porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.

En concreto, el PP pide al Gobierno hacer uso de la facultad que le concede el artículo 161.2 de la Constitución española para impugnar, en tiempo y forma, ante el Tribunal Constitucional el decreto ley por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, así como la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, con la consiguiente suspensión automática de las mencionadas disposiciones.

En el área económica, el Grupo Popular ha presentado siete resoluciones en las que emplaza al Gobierno a deflactar el IRPF, bajar el IVA del gas, suspender el impuesto de hidrocarburos y reducir el gasto burocrático y la estructura del Gobierno.

En concreto, en el apartado relativo a reducir el gasto público improductivo plantea "acometer de inmediato una reducción del gasto burocrático que incluya entre otras medidas una nueva configuración de la estructura del Gobierno que contemple una reducción de, al menos, un tercio en el número de ministerios, con la correspondiente disminución del número de altos cargos y asesores".


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