En una concentración cívica que tuvo lugar el martes en la Villa Imperial de Potosí tras varias manifestaciones en distintos puntos del país, se exigió el cese de la persecución política, la renovación de las autoridades judiciales y fiscales, un nuevo Padrón Electoral y la renovación de los vocales del poder electoral.

La líder de Comcipo, Roxana Graz, que agradeció a los representantes cívicos su presencia en la concentración, detalló punto por punto las exigencias del cabildo potosino, entre las que también se encuentra una auditoría para el proceso electoral de octubre 2020, donde ganó el presidente Luis Arce con más del 55 por ciento de apoyo de la población, según recoge el medio Erbol.

"A la familia policial y militar les pido que observen con atención porque quien le manda es proteger a este pueblo, no a un gobierno dictatorial, no a un tirando, no a un terrorista ni a un pedófilo", exclamó ante la multitud el jurista defensor de Pumari, Jorge Valda.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que "hordas 'masistas' le habían impedido llegar a Potosí para participar en la reunión cívica-política por un bloqueo en la carretera Sucre-Potosí, en Betanzos. A la cita tampoco pudo asistir el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que denunció "la intolerancia masista", ya que "sufrimos un bloqueo en Betanzos y en todos los caminos paralelos para llegar a Potosí".

En el cabildo potosino también estuvo María Isabel Cusi, esposa del excívico Pumari, actualmente en prisión preventiva, e imputado por cinco delitos dentro del caso abierto por la violencia y la quema de instalaciones electorales en Potosí en 2019 en una serie de protestas que acabaron con la dimisión de Evo Morales.

Por otro lado, los medios locales bolivianos informadon el martes de que un Tribunal de Garantías Constitucionales de Santa Cruz ha rechazado una acción de libertad presentada por la defensa del excívico potosino Marco Pumari, según la fiscal del departamento de Potosí, Roxana Choque.

"El Tribunal de Garantías Constitucionales ha establecido que no ha existido una aprehensión ilegal ni mucho menos se evidenció la vulneración de sus derechos fundamentales", zanjó.

Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales, y está denunciado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.

La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.

En una concentración cívica que tuvo lugar el martes en la Villa Imperial de Potosí tras varias manifestaciones en distintos puntos del país, se exigió el cese de la persecución política, la renovación de las autoridades judiciales y fiscales, un nuevo Padrón Electoral y la renovación de los vocales del poder electoral.

La líder de Comcipo, Roxana Graz, que agradeció a los representantes cívicos su presencia en la concentración, detalló punto por punto las exigencias del cabildo potosino, entre las que también se encuentra una auditoría para el proceso electoral de octubre 2020, donde ganó el presidente Luis Arce con más del 55 por ciento de apoyo de la población, según recoge el medio Erbol.

"A la familia policial y militar les pido que observen con atención porque quien le manda es proteger a este pueblo, no a un gobierno dictatorial, no a un tirando, no a un terrorista ni a un pedófilo", exclamó ante la multitud el jurista defensor de Pumari, Jorge Valda.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que "hordas 'masistas' le habían impedido llegar a Potosí para participar en la reunión cívica-política por un bloqueo en la carretera Sucre-Potosí, en Betanzos. A la cita tampoco pudo asistir el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, que denunció "la intolerancia masista", ya que "sufrimos un bloqueo en Betanzos y en todos los caminos paralelos para llegar a Potosí".

En el cabildo potosino también estuvo María Isabel Cusi, esposa del excívico Pumari, actualmente en prisión preventiva, e imputado por cinco delitos dentro del caso abierto por la violencia y la quema de instalaciones electorales en Potosí en 2019 en una serie de protestas que acabaron con la dimisión de Evo Morales.

Por otro lado, los medios locales bolivianos informadon el martes de que un Tribunal de Garantías Constitucionales de Santa Cruz ha rechazado una acción de libertad presentada por la defensa del excívico potosino Marco Pumari, según la fiscal del departamento de Potosí, Roxana Choque.

"El Tribunal de Garantías Constitucionales ha establecido que no ha existido una aprehensión ilegal ni mucho menos se evidenció la vulneración de sus derechos fundamentales", zanjó.

Pumari es uno de los líderes de las protestas de noviembre del año 2019 que culminaron con la dimisión de Morales, y está denunciado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo y sedición por su rol en las manifestaciones tras las elecciones.

La tensión entre el oficialismo y la oposición es máxima en Bolivia, especialmente en los departamentos de Potosí y Santa Cruz. Ambos concentraron la mayoría de las últimas protestas antigubernamentales, que se oponían a una ley contra el blanqueo de capitales que finalmente fue derogada.