Las autoridades españolas notificaron a Bruselas la transposición de las dos directivas implicadas en este marco, pero la evaluación realizada con posterioridad por los servicios comunitarios apunta que "hay dudas" de que la legislación nacional se haya adaptado correctamente.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ve deficiencias en el alcance de la aplicación de las directivas, en especial a lo que se refiere a la modificación de contratos y al cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos.

La correcta aplicación de las normas de contratación pública "garantiza la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, facilita y abarata las licitaciones para las pymes y ofrece más oportunidades", según defiende la Comisión en un comunicado.

El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento en la que el Ejecutivo comunitario informa a las autoridades del Estado miembro de los problemas identificados y le da un plazo de dos meses para responder y ofrecer soluciones.

El expediente prevé otras dos fases posteriores si no se resuelve el asunto antes, primero con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, de no resolverse tampoco en esa etapa, elevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Las autoridades españolas notificaron a Bruselas la transposición de las dos directivas implicadas en este marco, pero la evaluación realizada con posterioridad por los servicios comunitarios apunta que "hay dudas" de que la legislación nacional se haya adaptado correctamente.

En concreto, el Ejecutivo comunitario ve deficiencias en el alcance de la aplicación de las directivas, en especial a lo que se refiere a la modificación de contratos y al cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos.

La correcta aplicación de las normas de contratación pública "garantiza la mejor relación calidad-precio para las compras públicas, facilita y abarata las licitaciones para las pymes y ofrece más oportunidades", según defiende la Comisión en un comunicado.

El procedimiento de infracción arranca con el envío de una carta de emplazamiento en la que el Ejecutivo comunitario informa a las autoridades del Estado miembro de los problemas identificados y le da un plazo de dos meses para responder y ofrecer soluciones.

El expediente prevé otras dos fases posteriores si no se resuelve el asunto antes, primero con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo para el diálogo y, de no resolverse tampoco en esa etapa, elevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.